A partir del 1 de julio, las comunidades de vecinos que tengan ascensor tendrán que estar pendientes de una nueva normativa que pretende equiparar las medidas de seguridad de todos los ascensores con las que tienen los más recientes.

Aunque los ascensores pasen revisiones periódicas, esta normativa pretende aumentar la seguridad para evitar, por ejemplo, posibles accidentes, algo que el economista Fernando Trías de Bes considera de vital importancia: “Tiene muchísimo sentido, como la precisión de la nivelación de la plataforma del ascensor con el rellano, los sensores de las puertas, temas de indicación de pesos, de velocidad del ascensor…”.

Sin embargo, este endurecimiento de las condiciones de los ascensores podría suponer un problema para algunas comunidades de vecinos que no cumplan la normativa: en este caso, se obligará a que el ascensor permanezca parado hasta que se resuelva aquello que incumple las medidas.

España es el país con más ascensores por habitante, de media hay 20 ascensores por cada 1.000 personas, por lo que la cifra de ascensores que tendrán que hacer algún cambio es bastante alta, como indica Trías de Bes: “Se estima que un 35%, 1 de cada 3, se van a tener que revisar”.

Más allá de las cuestiones de seguridad, interesan las cuestiones económicas, cuánto van a tener que pagar las comunidades de vecinos para poder seguir utilizando el ascensor de acuerdo con la normativa. Se estima que los gastos estarán entre los 1000 y los 8000, aunque en la mayoría de los casos el presupuesto se aproximará más a los 1000, y en otros incluso puede que no corran a cuenta de los vecinos: “Hay algunos de los casos que no va a ser tanto el ajuste sino la documentación técnica, y el coste va a recaer en la empresa que lleve el mantenimiento”.