Paulina tiene 51 años, es ecuatoriana, pero lleva 25 años ya en España. Tanto ella como su marido, a lo largo de todos estos años, siempre se han buscado la vida para tener un trabajo, él sobre todo en la construcción y ella cuidando de personas mayores. Todo esto hasta que 2020, en plena pandemia, el marido de Paulina fallece y ella se encuentra de un día para otro con dos hijos que cuidar con un sueldo de 600€.

Por aquel entonces, en mayo de 2020, el Gobierno aprobó el ingreso Mínimo Vital.Una prestación para personas en riesgo de exclusión social debido a su vulnerabilidad o a su situación económica que, además, se hubiera visto agravada por la crisis que provocó el coronavirus.

Un mes después de fallecer su marido, a Paulina le condecen este Ingreso Mínimo Vital. Se trata de toda una sopresa para ella porque no lo había solicitado. En su cuenta aparecieron 375€ con ese concepto, y así cada mes durante un año entero. Aunque lo verdaderamente sorprendente es que la Seguridad Social no le reclamó nada hasta principios de 2022. Paulina recibe en ese momento una carta en la que le dicen que debe una deuda de casi 11.000€. Una cantidad de dinero inasumible para esta mujer. Como no podía hacer frente a esta deuda, Paulina ha recibido a finales de año una segunda carta en la que la cantidad ya asciende a 13.000€ y se le han bloqueado también las cuentas bancarias. Paulina es consciente de que tiene que devolver el dinero, pero no está recibiendo facilidades por parte de la Seguridad Social, con la que además le resulta casi imposible ponerse en contacto. Está a la epsera de un abogado de oficio para intentar solucionar el embrollo.

Lo más grave de todo es que el caso de Paulina no es el único. El Ingreso Mínimo Vital a llegado a más ciudadanos por error y ahora la Seguridad Social lo reclama, y encima con intereses. La voluntad de esta medida era buena, pero a la vista está que su gestión fue y está siendo un desastre.

Otro ejemplo de ello es el de Carmen. Ella también estuvo recibiendo esta ayuda sin haberla pedido durante dos años. "Desde noviembre de 2022 me la dejaron de ingresar, sin ninguna notificación", comenta. Cuenta que se enteró de que estaba empezando a recibir el ingreso por un SMS. "No pensé que era para mí, pensé que hasta era un estafa".

Desde octubre de 2020 Carmen comenzó a percibir la ayuda, de poco más de 400€. En ese momento, estaba cobrando una ayuda por hijo a su cargo, que le sustituyeron sin previo aviso por el Ingreso Mínimo Vital. Carmen coincide con Paulina en que la comunicación con la Administración es casi nula: "En todo el proceso nunca recibí ninguna notificación".

Esto fue hasta el momento en que recibe la famosa carta de la Seguridad, que en su caso le reclaman cerca de 1.500€ de "ingresos indebidos". La razón que le comunican desde la Administración es que ha superado los ingresos permitidos para percibir la ayuda. Algo bastante alejado de la realidad, según Carmen, que segura que en 2020 entre el IMV y otros subsidios, solo llegó a cobrar unos 9.600€. "Eran 13€ al día, tenía que sobrevivir con eso cuando el Salario Minímo Interprofesional son unos 32€ diarios, y aún así se ve que no me pertenecía o son ingresos indebidos. No lo puedo llegar a entender".

Carmen afirma que ha intentado contactar por todas las vías posibles con la Seguridad Social y con Hacienda desde que recibió la carta, pero le ha sido prácticamente imposible aclarar algo. La Administración le da 30 días de plazo para abonar el pago voluntario de la cantidad reclamada, si no tendría que ir por la vía judicial y a la deuda se le irán sumando intereses. "Esto no ha sido una ayuda, es un préstamo que nos ha hecho el Gobierno con condiciones muy favorables para ellos, pero sin información ninguna para las familias que nos lo concedieron de oficio, no nos han dado opciones", reconoce Carmen, mientras teme que su deuda vaya a más por los cálculos que quedan pendientes de confirmar por parte de la Administración.