La Tarde se ha desplazado este miércoles hasta Palomares para comprobar la situación actual de este pueblo de Almería después del accidente ocurrido en enero de 1966 en el que cayeron un total de cuatro bombas termonucleares de un bombardero estadounidense. El material radiactivo de dos de esas bombas se extendió por todo el pueblo y aún sigue sin retirarse del todo.

Martín fue uno de los testigos de ese accidente nuclear, y recuerda que por aquella época era bastante habitual ver por la zona volar aviones americanos y repostar en pleno vuelo. "Se ponían parejos y se suministraban", explica el vecino. Destaca que el día del accidente hacía mucho viento, un factor que pudo provocar el fatídico accidente. "Yo vi una explosión, y ya empezaron a caer trozos por todos lados", indica Martín, que explica además que él fue uno de los vecinos que ayudaron al soldado americano superviviente del accidente a acudir a una clínica cercana.

Martín atiende a Fernando de Haro en su finca, a las afueras de Palomares. Unas tierras en las que actualmente no puede plantar nada, debido a la contaminación por plutonio que persiste en el pueblo. "La he estado cultivando un montón de años con sandías, tomates, calabacines... de todo". Determinaron que en ese terreno podría haber riesgo de contaminación, aunque Martín afirma que en su familia han consumido lo que cultivaba y "están más sanos que una manzana".

Sin embargo, el caso de Martín no es el único. Son bastantes los terrenos de Palomares en los que no es posible cultivar la tierra, como apunta Rafael Martos, investigador y autor del libro “Palomares en los papeles secretos de EEUU”. "Inicialmente los norteamericanos en su primer informe hablan de un terreno contaminado de 588 acres, que es cinco veces más que las 40 hectáreas de las que ahora se habla". La finca de Martín precisamente se encuentra dentro de esas 40 hectáreas afectadas.

Martos precisa que existieron una serie de indemnizaciones para los propietarios de las tierras contaminadas, en primer lugar, porque se retiraron las cosechas de aquella fecha, pero en todo caso, "fueron unas cantidades muy escasas" las que percibieron los dueños. "Pagaron la cosecha de ese año, establecieron unos precios mínimos y los propietarios tuvieron que firmar que admitían que su terreno ya había sido descontaminado", detalla el investigador, algo que choca con lo que determina en la actualidad, que sí que están contaminados.

"En el mejor de los casos, lo que se había hecho era remover la tierra", asegura Rafael Martos, para que el plutonio que pudiera haber superficialmente se desplazara a capas interiores. No obstante, especifica que en algunos puntos sí que se retiró tierra que se llevó al desierto de Nevada, en Estados Unidos, "aunque no quedó muy claro si eso fue verdad".

Sin embargo, lo que llama la atención en algunos casos, como el de Martín, es que ciertas tierras se hayan considerado afectadas muchos años después del accidente, algo que "no tiene mucho sentido", según Martos. En concreto, la finca de Martín lleva inutilizada desde el año 2007, tal y como recuerda su hija, María Isabel. Les hicieron firmar un contrato de arrendamiento "forzoso" para supuestamente limpiar las tierras. "El contrato ponía que era durante tres años, con un plazo para poder renovarlo por dos años más, y que una vez terminado ese contrato devolvían las tierras", explica María Isabel. Después de dicho contrato, llegó la expropiación forzosa, en la que se indicaba una vigilancia de la zona en lugar de la limpieza que se refería el arrendamiento del terreno, algo que nunca llegó a producirse, según María Isabel.

Tanto Martín como su hija denuncian que no han recibido en ningún momento resultados de las mediciones que se han hecho en su finca, aunque suponen que sí hay índices de radioactividad, ni tampoco han recibido por el momento alguna compensación económica por la expropiación.