El Gobierno escenifica un giro de guion y ahora quiere entender que la Junta de Castilla y León ha acatado su requerimiento al responder negro sobre blanco que no se ha puesto en marcha ningún protocolo.

El planteamiento del ejecutivo autonómico es interpretado, en un comunicado emitido por La Moncloa, como una rectificación. La Moncloa se da por satisfecha, pero, al mismo tiempo, difunde su inquietud por declaraciones de responsable regionales por lo que se declara vigilante ante la adopción a futuro de cualquier medida encaminada a obligar, indicar, ofrecer, recomendar, o sugerir a una embarazada el uso de cualquier tipo de prueba diagnóstica, que puede interpretarse como una coacción.

Advertencia a Mañueco: se emprenderán cuantas acciones legales resulten oportunas

El comunicado recalcar que esta es una "circunstancia que en modo alguno el Gobierno de España va tolerar ni consentir" y que, "si pese al acatamiento formal del requerimiento remitido" la Junta de Castilla y León "materializa, por cualquier vía, su intención" de actuar al margen de la ley en esta cuestión, "actuará, como hasta la fecha, en defensa de sus propias competencias y del ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las mujeres castellanoleonesas".

Por ello, ha advertido al Ejecutivo encabezado por Mañueco, que "el Gobierno se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas".

Así las cosas, ha indicado que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, enviará una carta al consejero de Presidencia de la Junta para recordarle "nuevamente que resulta contrario a la legalidad vigente y a nuestro orden constitucional de distribución de competencias que una comunidad autónoma adopte cualquier medida" como las que se han planteado en Castilla y León.