El afán del Gobierno por acelerar la aprobación de leyes con especial carga ideológica, hurtando el imprescindible debate público, hace que muchas no resistan un análisis riguroso y caigan en flagrantes contradicciones. Por lo que se refiere a la denominada “ley trans”, se están levantado voces desde el propio partido socialista y desde las filas del feminismo con mayor solera, que reclaman un debate sosegado y una rectificación profunda. Voces como la de la exvicepresidenta Carmen Calvo advierten que, de mantenerse el texto actual, esta ley pondría en entredicho buena parte de la legislación que las feministas entienden como una conquista. Por supuesto, es discutible la forma en que Calvo entiende las políticas de la igualdad, pero tiene razón cuando afirma como un dato irrebatible la condición sexual de las personas, el sexo biológico, y cuando advierte que el Estado tiene que dar una respuesta a las personas trans, pero el sexo no es ni voluntario, ni opcional.

Al reivindicar el “género” sobre el sexo biológico, como pretende la teoría “queer”, paradójicamente las mujeres terminan resultando excluidas. Calvo subraya con toda razón que no se puede sustentar en la Constitución un supuesto derecho a la autodeterminación de género, como pretende la ministra Irene Montero. Ni en la Constitución ni en la razón, habría que añadir. Claro que, lo que dice con acierto la exvicepresidenta sobre la cuestión del género, puede aplicarse igualmente a los llamados “nuevos derechos”, a cuya aprobación se ha dedicado la izquierda en abierta contradicción con sus propias raíces culturales. Todo ello me lleva a recordar la cordial invitación que más de una vez ha planteado al mundo laico el secretario de la CEE, Luis Argüello, para debatir sobre el significado y el valor civil de la diferencia sexual entre hombre y mujer, que no es un mero dato biológico sino un hecho lleno de sentido y orientado al bien de las personas y de la convivencia.