Hemos llegado al ecuador del mes de julio y la evolución del coronavirus en España no es buena. Ya nos gustaría contar que, como todos hemos hecho bien nuestro trabajo, la pandemia está controlada. Pero no es así. Y eso que estamos en verano, que es cuando la incidencia de este virus se presupone mucho menor de lo que puede venir en otoño.

Los principales brotes de Cataluña siguen descontrolados. En las últimas 24 horas, 938 nuevos infectados, casi 250 en Barcelona capital y 200 en la provincia de Lérida. Se buscan las razones y son muchas. Una de ellas es la falta de los conocidos como rastreadores. Expertos, como la jefa de epidemiología del hospital Vall de Hebrón asegura que serían necesarios 2000 rastreadores en Cataluña. Ahora mismo apenas hay 150. El desfase es evidente. No hay dinero para ampliar estos profesionales cuya tarea es una barrera esencial para frenar la expansión del virus. En Cataluña, el dinero ya sabemos en qué se lo han gastado y se lo siguen gastando, en delirios separatistas que no van a ninguna parte.

Cuando no hay capacidad de respuesta, ¿cuál es la táctica? Que la responsabilidad recaiga en los ciudadanos. Es lo que ha hecho el Gobierno de Quim Torra. Al final un juez ha avalado las medidas restrictivas. Aunque no es un confinamiento total, sí incluye medidas severas que nos devuelven a los primeros días del estado de alarma.

¿Sabemos los detalles? Aún no, porque no están incluidas en el boletín oficial de la comunidad.

Por lo anunciado hasta ahora, en Lérida capital y en seis municipios de la comarca del Segriá se prohíben los encuentros de más de diez personas y sólo se permite salir de casa para lo imprescindible, porque cierran teatros, cines, gimnasios y restaurantes. Mientras se concreta, el enfado de los vecinos y el desconcierto va en aumento: "La gente de Lleida estamos totalmente discriminados y yo en principio no voy a obedecer, si nuestro Presidente no obedece, yo tampoco obedezco".

Algunos bares han abierto, a la espera de que se concreten los detalles. Esto en Lérida, donde un juez avala las medidas de la Generalitat. Los jueces no lo están teniendo fácil porque la legislación tiene lagunas. Y por eso el caso de Hospitalet, otro magistrado, ha entendido que no puede avalar la prohibición de reuniones de más de diez personas. El resto de medidas restrictivas en Hospitalet, similares a las de Lérida.

Enseguida te explicamos los detalles en un miércoles en el que el presidente Pedro Sánchez ha concluido esa mini gira para convencer a los países más reticentes con España respecto a ese fondo común para hacer frente a la crisis. Hoy ha sido el turno del primer ministro sueco. Es socialista como Sánchez. Pero va en la línea del holandés que es liberal y que fue el más claro. Sin reformas, no hay dinero. El sueco, socialista, le ha dicho a Sánchez, también socialista, que no se espere ayudas directas a fondo perdido. A lo que tiene que aspirar España es a créditos que luego habrá que devolver. Y todo porque no se fían. Sobre todo, después de comprobar cómo aquí se ha despilfarrado el dinero público