Hoy el presidente del Gobierno ha seguido sacando pecho en el Congreso por el acuerdo alcanzado en Europa. Su papel ha sido tan discreto como irrelevante, pero le gustan los aplausos con esos tics de vanidad llevados al extremo.

Pero hoy Sánchez y el Gobierno se han llevado un revés. Esta mañana se votaban las conclusiones, los dictámenes finales de la denominada comisión de reconstrucción. En este órgano del Congreso, durante estas semanas, se han debatido medidas para que, en caso de una nueva ola de coronavirus, no nos pille en cueros como la primera, y también para paliar los efectos económicos que ya tenemos encima.

En el bloque sanitario no ha habido sorpresas. Ha contado con los votos del PP que también ha mostrado su respaldo al Gobierno en el bloque sobre la Unión Europea. El problema ha llegado en el apartado de políticas sociales, en el que se incluían las ayudas a la enseñanza. Se contemplaba un fondo de 2.000 millones, pero PSOE y Podemos excluyeron a dos millones de alumnos que estudian en centros concertados. Ni un solo euro para este tipo de enseñanza que es pública, porque está sujeta a conciertos con la administración pública. Era una discriminación evidente que el PSOE ha intentado corregir a última hora, aunque con escaso convencimiento. Ha incluido lo que técnicamente, en el argot parlamentario se denomina una transaccional.

¿Y que han dicho los socialistas casi bajo el toque de la bocina? Ya no hablaban sólo de la educación pública, sino de repartir los fondos entre los centros que admitan a más alumnos en situación de vulnerabilidad. Es decir, no garantizaban en ningún caso que los fondos fueran a llegar a la concertada, a la que en este Gobierno consideran elitista, aunque la propia ministra Celáa o sus hijas hayan estudiado en centros concertados. No, no garantizaban que el dinero público fuera a llegar a estos centros y eso ha provocado un rechazo mayoritario. No sólo el PP ha votado en contra. También Ciudadanos, Vox, e incluso PNV un partido que permitió a Sánchez seguir en Moncloa.

Al margen de lo que ha pasado en el Congreso, hoy hemos vuelto a recordar a Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. Desde el 6 de febrero estos dos trabajadores permanecen sepultados por toneladas de escombros en el vertedero de Zaldívar. Hay una investigación en marcha que, en el apartado de los delitos medioambientales, ha derivado, en las últimas horas, en la detención del dueño del vertedero, de la directora gerente y el responsable técnico de la instalación. Hay un gran ocultismo por parte de la administración, ha habido una gestión negligente por parte del Gobierno Vasco. Y lo peor es la situación de las familias de esos dos trabajadores sepultados durante ya casi medio año. Lo ha denunciado en Herrera en COPE,Carlos Alonso, abogado de una de las acusaciones particulares. Así nos ha dicho: "Parece incomprensible que no hayan sido capaces de hallar los cadáveres de al menos estas dos personas, esto también es una muestra de la magnitud de la catástrofe. Fueron miles y miles de toneladas las que se corrieron en una ladera con mucha pendiente a nuestro entender no apta para la construcción de un vertedero”.

Pues sí, dos trabajadores siguen sepultados desde hace medio año en medio de mucha basura y mucha incompetencia de las instituciones.