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La Comunidad de Madrid va a cumplir las medidas que le impone el Ministerio de Sanidad. Es el principal titular que nos deja una mañana en la que ha seguido el pulso entre las dos administraciones. No hay consenso, las condiciones para que se apliquen las restricciones están diseñadas para que, a día de hoy, sólo afecten a la capital y a 9 municipios de la comunidad, pero la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, recalca que ellos no están en rebeldía y que, aunque no comparten, acatan.

Así lo ha dicho: ”Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía, y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí iremos a los tribunales como hicimos en el pase de fase para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas sean objetivas y justas”.

En el Gobierno de Sánchez insisten en que las normas son de obligado cumplimiento y la Comunidad de Madrid anuncia que lo van a recurrir ante la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Porque creen que es una decisión política, sin fundamento científico, y porque las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud no tienen que aprobarse por mayoría, sino por consenso.

Al margen del ruido, a la espera de la resolución del recurso, que habrá que ver su recorrido, la realidad es que ya ha empezado a correr el plazo de 48 horas y, una vez se publique la orden en elBoletín Oficial de la Comunidad de Madrid se definirá la fecha de entrada en vigor, que será inmediata. Por eso es importante delimitar a quién afecta y qué es lo que limita y restringe.

Las nuevas medidas serán de obligado cumplimiento para los 5 millones de personas que viven en Madrid capital, Alcalá, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.

La restricción fundamental que van a tener que cumplir es que no pueden salir ni entrar de esas zonas acotadas. Hay excepciones que tendrán que ser justificadas convenientemente, como los motivos laborales, médicos, para ir al cole, si el centro está fuera del municipio o cualquier razón de fuerza mayor. El cuidado de enfermos, por ejemplo.

En esos supuestos sí está permitida la movilidad. Las reuniones también se ven afectadas. Nada de encuentros de más de seis personas, salvo que sean convivientes. Y luego reducciones de aforo en todo tipo de recintos, en el comercio y en la hostelería, que va a tener que cerrar a las once. ¿Me puedo mover dentro de mi barrio? Sin problema, siempre que no salgas del municipio.

Esto es lo fundamental, porque en las próximas horas seguirá el pulso en un ejercicio poco edificante en medio de una pandemia. El Gobierno de Sánchez ha sido incapaz de consensuar las medidas porque lo que quiere es tocar la moral a la Comunidad de Madrid. Y desde el Ejecutivo de Ayuso dieron por bueno un acuerdo y 24 horas después cambiaron de postura.

Son las cosas de un Gobierno regional de coalición, con dos almas y con Ciudadanos pidiendo permanentemente protagonismo. Los perjudicados, los de siempre. Los ciudadanos, más de 5 millones de personas, que ven con desconcierto y estupor los enfrentamientos dentro de una falta de unidad asombrosa cuando el único enemigo debería ser el coronavirus.

Y al margen de la pandemia, el PSOE ya tiene vía libre para tratar de acorralar al PP con el caso Kitchen. Cuando vengan mal dadas, cuando la deficiente gestión de la crisis sanitaria se ponga en evidencia, Kitchen será la vía de escape. En un bronco debate, hoy el congreso ha aprobado abrir una comisión de investigación de la supuesta trama montada por el Ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz para espiar al extesorero Luis Bárcenas.

Ahora hay que ver la lista de comparecientes. Hay que tener por seguro que los grupos minoritarios en los que se apoya el gobierno, Bildu y Esquerra, solicitarán que acuda a declarar a la cámara Mariano Rajoy. Podemos no se quedará tampoco atrás y exigirá la comparecencia de Rajoy, Casado y el que se mueva.