A las 11 y 26 minutos de la mañana el Congreso ha aprobado la Ley de Amnistía. Votación a viva voz que ha terminado con 177 votos a favor y 172 en contra. Después ha venido el aplauso en los escaños del gobierno y sus socios y el júbilo, con abrazos incluidos, en las butacas de Junts y Esquerra.

“Es un mal día para los jueces y gran día para los independentistas”. Esta frase no la digo yo, la ha dicho Jordi Turull, Secretario General de Junts. Es una frase con la que tengo que estar de acuerdo porque es una obviedad. Una realidad inquietante porque resulta complicado asimilar que una ley pueda poner en tela de juicio al ordenamiento jurídico español.

Una ley que viene a expresar que el intento de secesión de 2017 en Cataluña no tenía que haber sido, ni juzgado, ni castigado. Una norma que viene a poner a los pies de los caballos las leyes que nos dimos en democracia, incluida la propia Constitución.Esas leyes que han aplicado los tribunales hasta que a Pedro Sánchez le hicieron falta los 7 votos de JUNTS. Ese marco legal que el propio PSOE defendía antes de conocer los resultados de las generales.

Y ahora ¿qué? Según el gobierno la ley beneficiará a 372 personas con causas penales pendientes y abarcará desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 noviembre de 2023. Entrará en vigor una vez que se publique en el BOE a partir de la próxima semana. Cuando sea pública, los jueces deberán dictar órdenes de libertad y levantar órdenes de detención. Para esto hay una plazo de dos meses.

El Tribunal de Cuentas también tendrá que archivar la causa abierta contra 35 altos cargos de la Generalitat por desvío de dinero público para la causa independentista. Entre ellos, el ex presidente catalán Artur Más y Oriol Junqueras.Esto sobre el papel porque el camino judicial puede ser más complicado. Son varios los tribunales que tratan causas del Procés con el Supremo a la cabeza y éstos pueden hacer dos cosas: La primera plantear una cuestión de inconstitucionalidad(ante el tribunal Constitucional).

Y la Segunda poner una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si consideran que la ley puede colisionar con el derecho comunitario (especialmente en temas como la malversación y el terrorismo) Si esto pasara, el proceso quedaría en suspenso a la espera de respuesta.

Pero ojo que hay truco. Para asegurarse que estas consultas no afecten a los implicados, la propia ley ya establece que si se suspendiera el proceso, esto no afectaría al alzamiento de medidas cautelares que restrinjan libertades. Quiere decir, que si por ejemplo, a Puigdemont le han quitado la orden de detención aunque se suspenda el proceso, Puigdemont seguirá libre.

Lo que hay que ver ahora es si ese artículo de la Ley se puede denunciar también o no. Lo sé, es un galimatías y lo que nos espera porque aquí nadie sabe cómo va a evolucionar este asunto. Lo que está claro es a quién beneficia. Desde luego a Pedro Sánchez que sigue en Moncloa y sin ninguna duda al independentismo catalán. No tenían nada que perder y han ganado mucho.

Acaba de twittear Pedro Sánchez que “En política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor” Sobre todo si te permite retener el poder.