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La crisis de los espias ha vuelto hoy al Congreso de los Diputados, donde el presidente del gobierno ha tenido que comparecer para dar explicaciones del caso Pegasus.

Pedro Sánchez no ha comparecido por gusto, sino obligado, porque se lo habían pedido el resto de grupos políticos, incluídos sus socios parlamentarios, los independentidas de Esquerra que con este tema están muy mosqueados. Pues allí en la Cámara Baja, Sánchez ha defendido la legalidad de las actuaciones del gobierno, que es lo que han venido diciendo desde que se conoció el espionaje a varios líderes independentistas y el hackeo de los teléfonos de algunos miembros del Ejecutivo, entre ellos el suyo.

Ha insistido también en que el Gobierno ni conoce ni decide sobre las decisiones operativas del CNI, y ha recordado que el control judicial al que están sometidos los servicios secretos hacen de España un país más garantista que otros de nuestro entorno, entre los que ha citado a Reino Unido y Portugal, donde, ha explicado, el control sobre posibles escuchas es solo administrativo.

Y la verdad que poco más sobre este tema porque en ningún momento ha explicado las razones del cese de Paz Esteban como directora del CNI, que ha sido la cabeza de turco en todo este asunto. Y en estos casos, cuando a uno no le apetece dar explicaciones de un tema lo mejor es desviar la atención con un anuncio, que es algo de primero de manual de política. Y es lo que ha hecho precisamente hoy Pedro Sánchez.

El Gobierno cambiará la ley orgánica reguladora del CNI que data de 2002, de la época de Jose María Aznar. Quiere aumentar los controles judiciales e internos para que los servicios de inteligencia puedan hacer, por ejemplo, escuchas. Con esta reforma dice Sánchez que se quiere recuperar la confianza en el CNI después de la que se ha liado con el espionaje a los líderes independentistas y que tanto ha indignado a Esquerra. Recordamos que es verdad que fueron espiados, pero siempre con autorización judicial, es decir, según marca la ley, y en un momento en el que seguían amenazando con romper España y estaban literalmente incendiando las calles de Barcelona. Es decir, motivos había, y de sobra.

Y EL OTRO ANUNCIO QUE HA HECHO el presidente del gobierno es que se va a modificar la ley de SECRETOS OFICIALES, que es una ley de la dictadura, de 1968, y la que por cierto, le ha permitido a Sánchez no dar explicaciones de sus viajes en el Falcon.

También se van a desclasificar las autorizaciones que pida la Audiencia Nacional para poder espiar. En definitiva, medidas y cambios con los que pretende satisfacer a sus socios parlamentarios y cerrar una crisis que a punto ha estado de hacer saltar por los aires la legislatura.