El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, los más expansivos de la democracia española, con más de 198.000 millones de euros de techo de gasto, que incorporan el aumento del salario de los funcionarios, la actualización de las pensiones con el IPC, más gasto sanitario y nuevas ayudas a las familias y parados.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, asegura que las nuevas cuentas públicas se sustentan en una previsión de crecimiento del 2,1% para el próximo año, que ha calificado de "prudente", y anticipan un deflactor del PIB del 4% para este año y del 3,8% para 2023. El deflactor del consumo privado se estima en el 7,7% en 2022 y en el 4,1% para el próximo ejercicio.

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Por su parte, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha destacado que el objetivo de estos Presupuestos, los terceros del Gobierno de coalición y los últimos de esta legislatura, es poder transitar un momento de "enorme incertidumbre" por la guerra de Ucrania, al tiempo que ofrecen "seguridad y estabilidad" a las familias y lanzan un "claro mensaje" al exterior sobre la solvencia y el dinamismo de la economía española.

Dejan en el cajón la ley de vivienda, bandera de Podemos y da vigor a la ley de familias

Los nuevos Presupuestos incorporan el paquete fiscal anunciado recientemente, que incluye el nuevo impuesto a las grandes fortunas a partir de un patrimonio neto de 3 millones de euros, la rebaja del IRPF para las rentas hasta 21.000 euros, el aumento del gravamen de las rentas del capital a partir de 200.000 euros, la reducción de los módulos para los autónomos o la subida del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas.

Con un gasto social récord, con estas cuentas el Gobierno busca reforzar la sanidad, --especialmente la atención primaria--, la educación, la dependencia o las becas de cara al próximo año. Además, el PSOE y Unidas Podemos han acordado el despliegue de una ley de familias que incluirá nuevos permisos de conciliación, el impulso de una prestación de crianza de 100 euros al mes para familias con menores de 0 a 3 años y se asimilarán las familias monomarentales, con dos hijos, a la actual categoría de familias numerosas.

Además se Considera a las familias monomarentales con dos hijos o hijas como familias numerosas y se pone en marchar dos permisos por cuidados, además, de los permisos de maternidad o paternidad, que se quedan como están a pesar de la intención de Unidas Podemos de aumentarlos.

El primero se trata de un permiso de siete días al año remuneradas para el cuidado de familiares o convivientes que servirá para quedarse en casa para cuidar de hijos, de una personas mayores o acompañar al médico a un familiar. Además, se reconocerá un permiso de ocho semanas al año hasta que el niño cumpla los ocho años, en este caso, no remunerado.

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Sobre dejar en el cajón la ley de vivienda, una de las exigencias de Podemos, la titular de Hacienda asegura que el Gobierno ha cumplido al llevarla al Congreso. "Estamos hablando de cuestiones muy serias. Cada cosa tiene su momento y (la ley de vivienda) ya lo tuvo en el 2022", ha zanjado la titular de Hacienda.

Belarra llama a la movilización ante el "no desbloqueo de la Ley de Vivienda"

Pese al acuerdo entre PSOE y Podemos, sellado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, la secretaria general de Podemos y ministra de ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, llama a los colectivos sociales a la movilización en las calles.

Ione Belarra reprocha a su socio de coalición de estar "excecivamente alineado" con la patronal inmobiliaria. La "resistencia total" del PSOE a desbloquear esta ley a pesar de los "altísimos" precios del alquiler y la subida de las hipotecas variables se debe, según la ministra a "porque el PSOE está excesivamente alineado con los intereses de la patronal inmobiliaria y no tiene un compromiso firme con las políticas de vivienda pública".