Hombres corpulentos, presiones, negociaciones, controles e incluso perros adiestrados. Así es el modus operandi de algunas de las empresas más 'eficientes' a la hora de expulsar a los okupas de viviendas ajenas, y si estos “no están de acuerdo, que se vayan a un juzgado”, según afirman en una de estas compañías. En España hay más de 100.000 hogares okupados y muchos empresarios no han dudado en hacer caja con las “recuperaciones”. En la entrega de 'Crimen y castigo' dedicada a descubrir los secretos de las empresas de 'desalojos exprés', escuchamos a los dirigentes de las tres principales compañías de este nuevo sector.

Uno de los precursos de este tipo de negocio en nuestro país fue 'Desokupa'. Su propietario, Daniel Esteve, se dedicaba a la seguridad y, a raíz de la okupación de una vivienda de un amigo suyo en el Raval de Barcelona, “zona calentita” de las okupaciones en Barcelona, ideó un sistema. El panorama del que era testigo le animó a emprender. Pero no es el único. Cada vez son más relevantes las actuaciones de empresas como 'Fuera Okupas', cuyo responsable, Jorge Fe, presume de tener un 98 % de éxito en sus desalojos. Asimismo, Jaime Sanz explica las innovaciones de su empresa 'Desokupación Legal', la única que se apoya en perros adiestrados “para disuadir” a los okupas.

“No me gusta pagar a los okupas”

Cada una con sus particularidades, las tres comparten un protocolo básico de actuación, consistente en una fase inicial de negociación con los ocupantes y, en caso de que ésta no prospere, un control de acceso a la vivienda. En contra de la creencia popular, no es común que existan incentivos económicos para facilitar el desalojo: “No me gusta pagar a los okupas”, apunta uno de los empresarios. Tal y como resume otro, se intenta aplicar, “dentro de la legalidad, la máxima presión posible”. Como mucho, en algunos casos ayudarán con la mudanza y otras “cosas normales, no extorsiones”.

Para Irene Escorihuela, directora del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), la fase de negociación tiene poco de conciliadora y mucho de “intimidación”. Explica el miedo que sienten las familias cuando uno de estos dispositivos se presenta en su puerta: “Saben que su objetivo es echarles de ahí”. Daniel Esteve se defiende de las acusaciones: “Somos trabajadores grandes porque somos deportistas”.

Tras el fracaso de la negociación, las organizaciones pasan al “control de acceso a la vivienda”, en el que se coloca “a un vigilante de seguridad en la puerta con gente de apoyo” para impedir el acceso a la propiedad. Cuando los okupas regresan, el trabajador tiene órdenes de impedirles “educadamente” la entrada.

62 denuncias, 0 condenas

No es un método exento de detractores. Esteve explica que “en las más de 3.000 recuperaciones” que su compañía ha llevado a cabo ha recibido denuncias en 62 ocasiones, pero “cero condenas”. También ha recibido acusaciones de índole política: “Dicen que somos de extrema derecha, pero yo soy apolítico”. Cuenta que no ha votado “nunca” ni lo hará “jamás” y desprecia a partidos políticos que acuden a sus desalojos “para hacerse la foto”.

Las querellas que normalmente se interponen en estos procesos suelen alegar “allanamiento de morada, amenazas, coacciones y organización criminal”, según explica Escorihuela. Sin embargo, de momento no nos consta ninguna que haya prosperado. Óscar Chamorro, inspector de Policía Local de Badia del Vallès (Barcelona) y criminólogo, admite que no puede “constatar que se lleven a cabo dichas prácticas”.

Okupación y problemas de convivencia

El policía explica que no es habitual que los demás residentes de los edificios afectados traten de impedir las recuperaciones. De hecho, suelen acogerlos con “satisfacción”. Esto se debe a que muchos de ellos “generan una serie de problemas de convivencia para los vecinos”, con lo que “difícilmente” van a situarse en contra de que se les desaloje. Esteve sólo asegura toparse con protestas cuando van a “sacar a un colectivo de perroflautas” porque “se ayudan entre ellos”. Cree que estos simplemente “okupan porque son delincuentes”.

Otra de las acusaciones más reiteradas a estas empresas, con un abanico de precios que parte de los 500 por servicio, es que su principal cliente son las grandes inmobiliarias, entidades financieras o fondos buitre que quieren recuperar la vivienda “no por su valor social”, sino para “sacar más dinero”, según aseguran desde el Observatorio DESC. Los jefes de la desokupación lo niegan: “Trabajo con particulares de clase media baja”.

Esteve, además, asegura que emprende acciones altruistas como resolver “un caso gratis a la semana”. Y va más allá: “He pagado alquileres durante más de un año a familias que lo necesitaban porque me ha dado la gana”. Su empresa 'Desokupa' se hace cargo, en ocasiones, de la mudanza y de reubicar a la familia desalojada. Esto es lo que él define como “cosas chulas de verdad”.