Pelayo está a punto de cumplir los once años, que han estado marcados por su lucha contra la distrofia muscular que padece desde los dos años, conocida como Duchenne. Una lucha con altibajos y repleto de obstáculos que superar. En las últimas semanas se ha encontrado con un enemigo inesperado: el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), tras negarse a recetarle el medicamento experimental (de uso compasivo) que hasta hace seis meses ingería, el Ataluren, y que ahora necesita recuperar con urgencia, dado el empeoramiento que ha sufrido en el último medio año.

Cuando a Pelayo le retiraron el fármaco hace seis meses, caminaba algo. Ahora el niño, desde hace un tiempo, se desplaza solo en silla de ruedas. Sus padres, David y Valle, aseguran que el SESCAM tampoco les quiere dar por escrito la denegación del fármaco, por lo que han presentado una reclamación formal en Atención al Paciente. El caso, además, está en mano de un abogado de la Asociación Duchenne Parent Project, a la que pertenece esta familia toledana.

Valle ha declarado en ‘Imparables’ sentirse tranquila y con fuerza para luchar y que a su hijo vuelvan a administrarle el Ataluren: “Es un sobre que Pelayo toma por vía oral, y le genera un tipo de proteína, la distrofina, que le permite mantener la fuerza en los músculos e impedir el deterioro de su cuerpo. Duchenne es una enfermedad degenerativa que ataca a su sistema motor y respiratorio. El Ataluren no le va a curar, pero frena un poco el avance de la enfermedad, que hoy por hoy es mucho”.

Desde ‘Imparables’ nos hemos puesto en contacto con la Consejería de Sanidad, que ha informado que la decisión de no aplicar el tratamiento a Pelayo la ha ejecutado la Comisión de Farmacia, bajo el pretexto de que no existe evidencia científica de que el Ataluren funcione para paliar los efectos de su enfermedad.

Nuestro particular homenaje a los escoltas

En 'Imparables' hemos conocido un poco más de cerca el trabajo de un gremio al que muy pocas veces se les ha reconocido su labor, pese a que han jugado un papel fundamental en la lucha y el final del terrorismo en España. Si hacemos memoria sobre el nombre de personas que perdieron la vida a manos de ETA, siempre nos saldrán en las listas nombres como Miguel Ángel Blanco, Ernest Lluch, Fernando Buesa, Tomás y Valiente, Fernando Múgica, Gregorio Ordoñez... pero seguro que pocos recordarán el nombre de guardias civiles, agentes de seguridad o escoltas que perdieron la vida en su noble tarea de proteger al concejal o alcalde amenazado. Se podría decir que España, o más bien las administraciones, están en deuda con ellos.

Por ello en 'Imparables' hemos podido hablar con dos exescoltas que en los años de plomo se jugaron su vida para evitar que la perdieran otros políticos vascos amenazados, y continuar así con su lucha de hacer de Euskadi un pueblo libre y en paz.

Es el caso de Vicente, que fue durante años escolta de altos cargos políticos amenazados por el terrorismo de ETA. A día de hoy, gestiona una empresa de seguridad, una de las más potentes que existe en nuestro territorio. Fue en 2010 cuando decidió abandonar la actividad de la protección. Un período que coincidió el final de ETA con la crisis económica, lo que dañó al colectivo: “Se perdieron entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo, porque muchos de los políticos o empresarios amenazados dejaron de necesitar escolta con el final del terrorismo... ¡aunque bendito final!”, reflexiona Vicente.

Durante décadas, hizo frente a los peligros que entrañaba su profesión: “Te tienes que levantar cada día mentalizado de los riesgos a los que te enfrentas y tener una metodología de trabajo rigurosa, basada en la prevención y preparar bien el itinerario, lugares que visitarás, la agenda o conocer los sitios donde irás con avanzadillas para que cuando llegue la persona escoltada la zona sea segura. Es un trabajo que requiere más preparación que reacción. Es más importante prevenir que saber disparar”.

La historia de Alejandro, guardia civil retirado tras un atentado de ETA

Alejandro es un guardia civil retirado desde hace casi dos décadas, tras el atentado que sufrió en noviembre del año 2000 por parte de la banda terrorista ETA, en el cuartel de Irún, donde este extremeño que reside actualmente en Murcia fue destinado.

El atentado le provocó heridas graves que le dejó una minusvalía del 80%. Desde entonces ha sido intervenido quirúrgicamente en 19 ocasiones y toma diariamente casi una veintena de pastillas para calmar sus dolores. En 2002 se vio obligado a abandonar con su familia el País Vasco, ya que fue objetivo del 'Comando Donosti'.

Su vida comenzó a cambiar en 1992, cuando voluntariamente solicitó su traslado a Euskadi, dada la demanda de escoltas que existía para proteger a alcaldes y concejales amenazados por la banda terrorista: “Yo pedí el traslado voluntario porque entendía que todos los guardias civiles debíamos pasar por allí para luchar con los que defendían la democracia. Fueron años durísimos. Mi familia lo vio como una locura, pero nunca me eché atrás. De hecho, hoy lo volvería a hacer. Me siento orgulloso de haber defendido a España”.