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Lo que empezó siendo una broma para el ministro Ábalos, así lo dijo él mismo, de momento ya va por indicio de delito para una jueza de instrucción. Hablamos del caso Ábalos. No se trata sólo de hablar de Venezuela (que claro que nos importa, a cualquiera que tenga entrañas y corazón le preocupa lo que están sufriendo buena parte de los venezolanos), sino también de un ministro que ha podido cometer delitos en nuestro país dejando acceso a territorio europeo a una persona que tiene prohibida su entrada nada menos que por atentar contra los Derechos Humanos.

Al margen de lo que se pudiera hablar o de las maletas que pudiera haber, se trata de las mentiras de un ministro que ya se ha desmentido a sí mismo varias veces. Sí entró en el avión (primero lo negó), sí estuvo en la sala VIP (también lo negó), supuestamente acudió a Barajas para evitar que Delcy Rodríguez se bajara del avión (también se bajó)... son varias mentiras. Es el caso Venezuela, pero sobre todo es el caso Ábalos. ¿Se acuerdan de eso de “no nos merecemos un Gobierno que no nos mienta”? Pues eso.

La Fiscalía de Madrid investiga el encuentro entre Ábalos y Rodríguez

La Fiscalía de Madrid investiga desde hace semanas el encuentro del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a raíz de la denuncia presentada por el PP, han informado a Efe fuentes del ministerio público.

El PP presentó a finales de enero una denuncia en la Fiscalía General del Estado sobre el encuentro que se produjo en el aeropuerto de Barajas el pasado 20 de enero, escrito que fue remitido a la Fiscalía Provincial de Madrid, que abrió diligencias de investigación.

Todo ello ocurrió antes de que los populares acudieran ayer al juzgado de guardia para reclamar a AENA que conserve los vídeos de vigilancia de Barajas de la noche del encuentro, algo que acordó la jueza con el visto bueno de la Fiscalía.

De acuerdo con esa postura, la Fiscalía no recurrirá el auto que dictó ayer la jueza, según las fuentes consultadas por Efe.

Además, en los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid fue presentada con anterioridad una querella por otra formación política de reciente creación, el Partido Laócrata, por prevaricación administrativa, que fue la primera que se formalizó en relación con este asunto.

La querella de ese partido afecta a "cualquier funcionario que haya ordenado la inaplicación de la ley de extranjería", al tiempo que ha presentado otra en el Supremo contra el ministro por su condición de aforado.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Juzgado de Instrucción número 31 de la capital tramitará la querella presentada por el Partido Laócrata.

Por su parte el Juzgado de Instrucción número 47 se encargará de tramitar la denuncia del PP, una vez que el Juzgado de Instrucción 7 aceptara este martes las medidas cautelares solicitadas por esta formación política y remitiera las diligencias al Decanato de los juzgados madrileños para su reparto.

Ambos juzgados estaban este miércoles a la espera de recibir la documentación.

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En el caso de que un juzgado de Madrid o el Supremo abran diligencias por alguna de los escritos presentados por el PP o el Partido Laócrata, la Fiscalía archivará su investigación.

No son las únicas iniciativas legales presentadas, porque Vox denunció a Ábalos ante la Fiscalía y posteriormente presentó una querella ante el Supremo contra el ministro.

También Ciudadanos acudió ayer a la Fiscalía, aunque en su caso para asegurar que se conservasen las grabaciones, algo que acordó la jueza a instancias del PP.

De momento, AENA debe conservar las imágenes grabadas de videovigilancia, porque la jueza de guardia ayer apreció, de acuerdo con el criterio del fiscal, "indicios racionales de hecho delictivo".