La radiografía que ha hecho la CEE sobre la pandemia: brecha social, desempleo, limitación de derechos...

La Asamblea Plenaria ha analizado cuál ha sido la respuesta de la Iglesia en estos meses y el desafío al que se enfrenta

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Los obispos, durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, han dedicado parte de sus trabajos a analizar y dialogar sobre la situación creada por la pandemia. Los 38 obispos que han asistido a las sesion tuvieron que someterse a un test de antígenos para garantizar que estuviesen libres de coronavirus.

La pandemia se ha convertido en un hecho social totalizante. No solo ha afectado a la salud de la población, sino que ha trastocado todas las dimensiones de la existencia. Desde los aspectos sociales y económicos a los familiares y religiosos. Nada ha quedado inmune a los efectos de una pandemia que ha acelerado e intensificado procesos sociales existentes, como la desigualdad y la exclusión, y ha creado enormes campos de incertidumbre para una ética de la vida.

La convivencia ciudadana y los comportamientos políticos están sufriendo profundas alteraciones en todo el mundo por lo novedoso de la realidad y por la improvisación de las respuestas a los problemas. Mecanismos políticos excepcionales, como puede ser el estado de alarma, se ha convertido en un instrumento casi permanente en nuestra precaria democracia.

Los cambios profundos que se han vivido desde el inicio de la crisis son todavía demasiado cercanos para analizar en profundidad sus consecuencias. Después de ocho meses de propagación del virus solo se puede observar los primeros impactos de una crisis que se caracteriza fundamentalmente por haber generado una profunda herida en nuestra sociedad con tres síntomas: la limitación de derechos, el incremento de la desigualdad en la sociedad y la desvinculación de la moral.

La limitación de derechos humanos

El virus amenaza la vida y tensa al máximo desde los cuidados en el hogar hasta el sistema residencial de atención a los mayores, desde las atenciones en los hospitales hasta la muerte en soledad. La economía se ha hundido como consecuencia del desempleo y de la necesidad de paralizar el sistema productivo en determinados momentos para frenar la pandemia.


El incremento de la desigualdad en la sociedad española

Hace poco más de un año, el VIII Informe FOESSA nos alertaba, en un contexto de crecimiento económico, de que 8,5 millones de personas estaban en una situación de exclusión social en nuestro país. De estas personas, 1,2 millones viven en la supervivencia pura y dura, y otros seis millones temían que la próxima sacudida se los llevara por delante. Pues bien, la pandemia ha venido a agravar la situación, a evidenciar las rupturas, tendencia y fallos de nuestra sociedad. Así ha dejado al descubierto una estructura social precaria, una desigualdad profunda, una falta de oportunidades para los últimos, una protección social claramente insuficiente y una comunidad debilitada que, aunque resurgió en el primer momento de la crisis, no es capaz de mantener la llama viva para avanzar hacia la “nueva normalidad”.


Los cambios sociales y políticos que denotan su desvinculación de la moral

Los escenarios sociales y políticos han cambiado profundamente generando una comprensión nueva del espacio público. Como bien subraya el Papa Francisco (FT, capítulo 1 “Sombras de un mundo cerrado”), la globalización, el mundo digital, la fatiga civil y política que llega hasta el hastío de las sociedades civiles, la desafección por la política y los políticos, la propia mercantilización de la sociedad o la falta de liderazgos sociales y políticos marcan una concepción de la vida pública diversa, compleja y enmarañada. Esta situación se ha visto acelerada e intensificada por la pandemia del COVID19 que ha alterado la vida pública.


El desempleo y la reducción de ingresos

Antes de la aparición de la pandemia, nuestro país ya sufría una grave enfermedad en el ámbito laboral con dos principales indicadores: el desempleo y la precariedad. De hecho, antes de la infección provocada por el Covid-19, más de 1,2 millones de hogares tenían todos sus miembros en el paro.

En estos momentos, la pandemia está incidiendo grandemente en las tasas de desempleo. Si en el mes de octubre el desempleo había crecido 2,5 puntos porcentuales para la población en general, para las personas atendidas por Caritas el incremento llegaba a 5 puntos porcentuales. Como consecuencia de ello, se ha incrementado el número de personas que han entrado a formar parte de la economía informal.

Esta impensable caída del empleo ha traído consigo la reducción drástica de ingresos y, por tanto, el incremento de la pobreza entre los hogares en situación de exclusión. Especialmente preocupante es el escenario de unas 200.000 personas acompañadas por Cáritas que ya no contaban con ningún ingreso económico el pasado mes de septiembre.

Las restricciones impuestas a la actividad de los hoteles, comercios, restaurantes y bares para tratar de frenar la creciente ola de contagios del COVID -19 y el toque de queda nocturno, con el adelanto del horario de cierre de los locales, hace inviable cualquier plan de recuperación. Hay autónomos y empresarios que ya han bajado la persiana de forma indefinida por la imposibilidad de cuadrar las cuentas, y buena parte de los que resisten lo hacen con una facturación que se desploma y, con frecuencia, compromete su continuidad. El severo impacto que la crisis del coronavirus está generando en el sector servicios es indiscutible, pero sus consecuencias no acaban ahí, sino que arrastran consigo a numerosas víctimas colaterales. Las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de la economía informal son los que corren mayor riesgo de perder sus empleos por el cierre de empresas en el sector.

La crisis de la vivienda

Hay una relación muy estrecha entre la pérdida de empleo y los elevados precios de la vivienda, ocasionando situaciones de precariedad y hacinamiento familiar. Cuatro de cada diez familias en inestabilidad laboral grave carecen de dinero para afrontar gastos relacionados con la vivienda (hipotecas, alquileres, suministros…). La pandemia ha puesto al descubierto la dificultad para el acceso a la vivienda y la impotencia para acceder a ese espacio de protección que es el hogar. Como en otros ámbitos, la crisis del coronavirus ha venido a agravar la delicada situación, que ya existía, para miles de familias. Esto se constata en las más de 700.000 personas acompañadas por Caritas que carecen de recursos para pagarse la vivienda o los suministros y en las más de 40.000 que malviven en la calle.

La crisis de la salud y de los cuidados

Otro efecto de la reducción de ingresos es la incidencia en la salud de las personas. En el colectivo de personas excluidas, nos encontramos con situaciones muy preocupantes. Un 36 % de los hogares han empeorado en el ámbito de la salud psicoemocional y el 21% en salud física con respecto a la situación previa a la crisis. Esto resulta fácil comprenderlo, si tenemos en cuenta la gran cantidad de tratamientos de salud cancelados y/o retrasados, así como las situaciones extraordinarias de estrés y ansiedad que la pérdida de empleos e ingresos está provocando.

En relación directa con la salud, está la crisis de los cuidados. La capacidad de conciliación de las familias en situación de exclusión es un aspecto importante a la hora de analizar el impacto de la pandemia sobre estos hogares. Muchas familias (el 18%) tuvieron que renunciar a un empleo por atender a sus hijos o a personas dependientes.

Asimismo, la fase de confinamiento más estricto y la consiguiente suspensión de las clases presenciales en los centros educativos, obligó a muchas familias, especialmente monoparentales, a tener que elegir entre mantener los ingresos por vía del trabajo presencial, cuando no había otra alternativa, o quedarse en casa cuidando de los suyos.

El debilitamiento de las redes de apoyo

Las familias más vulnerables están perdiendo redes de apoyo. A pesar de que las relaciones entre familiares, vecinos, amigos, etc. se han fortalecido, la capacidad de apoyo de estas redes es cada vez menor.

El verano dio una tregua a las dificultades familiares, al reactivarse los ingresos en los hogares. Como consecuencia de ello, los grupos de ayuda que habían surgido en los pueblos y barrios de toda la geografía española durante la pandemia, se han ido debilitando con las medidas de apertura y desconfinamiento. Sin embargo, las necesidades de las personas, a las que estos grupos daban respuesta, siguen vigentes. Esta tendencia parece indicar que la pandemia no ha logrado romper la dinámica individualista imperante en nuestra sociedad. Como señala “Fratelli tutti”: “el individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad” (105).

La brecha digital

La brecha digital aparece como un nuevo elemento generador de exclusión. Uno de los efectos de esta pandemia está siendo el fuerte impulso de la digitalización de nuestra sociedad. Contar con dispositivos, conexión y habilidades suficientes para manejarse en internet se está convirtiendo en algo absolutamente necesario para desenvolverse con éxito en la búsqueda de empleo, en las oportunidades formativas, en las relaciones con la administración, en el ámbito escolar, etc. Esto nos permite descubrir que la brecha digital, que hasta ahora se contemplaba como una consecuencia de la exclusión, ahora también debe considerarse como causante de la misma.

El seguimiento de la educación desde el propio domicilio, al cerrarse los colegios, ha obligado a una rápida e improvisada adaptación curricular en multitud de plataformas formativas, provocando y profundizando la desigualdad ya existente en el sistema educativo: el 30% del alumnado español no ha dispuesto de los medios suficientes para continuar con su formación durante los meses del confinamiento.

Los grupos más afectados por la crisis

Las personas refugiadas y migrantes, especialmente las que se encuentran en situación administrativa irregular. El sistema de reasentamiento las deja con enormes obstáculos para poder trabajar y acceder a una vivienda digna. La ley de Extranjería los condena a la economía sumergida, a la explotación y, en algunos casos, a situaciones de semiesclavitud, especialmente en los sectores de la agricultura, la hostelería y el servicio doméstico.

Las personas sin hogar o con viviendas inseguras: Estas personas se enfrentan a desafíos importantes. El perfil general de quienes no tienen hogar es el de un varón entre 45 y 64 años, de nacionalidad española (un 53,5%) y extranjeros (un 46,5%). Especialmente preocupante es el profundo sufrimiento de unas 7.100 mujeres, sin techo o sin vivienda, que son atendidas por Cáritas. Muchas de ellas se ven en la calle tras haber sufrido violencia. Así mismo es alarmante la situación de los más de 1.000 niños y adolescentes que viven en familias sin vivienda habitual; y los 7.300 jóvenes, entre 18 y 29 años, provenientes en gran medida de los centros de menores y que salen a la calle sin tutela y sin un alojamiento alternativo.

Las víctimas de la trata: Estas personas son la expresión más sangrante de la sociedad del descarte y de la violación de los derechos fundamentales de la persona. Además de ser tratadas como objetos de compra-venta, ven pisoteada su dignidad y son sometidas a la explotación para el lucro (cf. FT 24). En la inmensa mayoría de los casos, se trata de personas inmigrantes, en situación administrativa irregular, que no constan en ningún registro y nadie tiene conocimiento de su existencia.

Los presos y sus familias: La pandemia ha contribuido a que los privados de libertad pasasen a ser uno de los grupos más sacrificables y descartables de nuestra sociedad (cf. FT 18), debido a los recortes de derechos y libertades de los presos. Durante este tiempo, se ha limitado el derecho a las relaciones afectivas y familiares como consecuencia de la suspensión de las comunicaciones y de los “vis a vis” con las familias.

Los profesionales de la marina mercante y de pesca: En este sector se dan muchos signos, asociados con el ejercicio de la profesión, que ya limitan las condiciones adecuadas para un trabajo digno. Los hombres del mar trabajan en un medio hostil, lejos de su familia, con unos ritmos de trabajo que no coinciden con los de la sociedad en general. Además, pasan por estancias cortas en los puertos, con habitáculos reducidos en los barcos, con tripulaciones reducidas, con alto índice de siniestralidad y, sobre todo, con la soledad.

Los transportistas, a pesar de haber sido vitales durante la primera ola del coronavirus, ahora no pueden seguir trabajando o lo hacen en condiciones penosas por las restricciones de seguridad y por la falta de garantías higiénicas y sanitarias debido al cierre nocturno de bares, restaurantes, hoteles, duchas y servicios Especialmente afectados están quienes se dedican al transporte de personas, autobuses y taxis, cuyo trabajo ha descendido un 70%, con las consiguientes repercusiones económicas.

Los feriantes y circenses: El trabajo de estos colectivos es muy estacional. Debido a los confinamientos y a las medidas restrictivas no han tenido ingresos de ningún tipo, al no poder trabajar desde el año pasado. Las previsiones de futuro tampoco son buenas debido a la anulación de los festejos populares en todo el territorio español. Tanto los feriantes como los trabajadores de los circos se encuentran en una situación muy complicada. En bastantes casos han tenido que recurrir a las instituciones eclesiales o a los ayuntamientos ante las escasas ayudas sociales para remediar sus problemas.

Los gitanos también han experimentado muchas dificultades por la crisis del Covid-19. Las familias gitanas viven muy al día y subsisten con actividades precarias, a menudo irregulares y sin protección, como la venta ambulante, la recogida de chatarra o el servicio doméstico. El confinamiento les ha afectado de lleno pues les ha impedido la realización de sus actividades laborales y, consecuentemente, la percepción de ingresos económicos. Debido al tipo de trabajo que realizan, no han podido cobrar el seguro de desempleo ni acogerse a un ERTE.

La respuesta de la Iglesia

Ante tal cúmulo de problemas y desafíos que nos presenta la pandemia, la Iglesia ha ofrecido, en la medida de sus posibilidades, respuestas e iniciativas.

Una de ellas mediante la atención y ayuda material con bienes de primera necesidad para cubrir las necesidades más básicas de los necesitados: alimentos, suministros, vivienda, conexiones, equipos electrónicos. Se ha multiplicado, por lo tanto, la inversión económica para cubrir todas estas necesidades. Según datos de Cáritas Española, se ha producido un incremento del 57% del número de personas atendidas, pero, como advierten los agentes pastorales de esta organización eclesial, existe el riesgo de caer de nuevo en el asistencialismo y abandonar el enfoque de defensa de los derechos y promoción de las personas.

Atención telefónica y on-line constante y continua. Gracias a estos medios, ha sido posible llevar a cabo un acompañamiento integral a los más necesitados, acogiendo sus problemas e intentando buscarles soluciones eficaces. Este tipo de ayudas se ha centrado en el asesoramiento para todo tipo de gestiones burocráticas y administrativas (SEPE, Seguridad Social, Ayudas…), en el acompañamiento psicológico, formación laboral, búsqueda de empleo, apoyo afectivo ante la soledad y la incertidumbre, etc.

Común a todos los sectores pastorales ha sido la realización de un acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad, procurando responder a la necesidad de escucha, de autoestima, de cercanía, de cariño y de esperanza. Sobre todo, se ha constatado la necesidad de acompañamiento ante la soledad, la angustia y la incertidumbre que están experimentando durante este tiempo la mayoría de las personas atendidas.

Se ha dado asistencia espiritual y se han promovido actividades pastorales vía telemática. Concretamente, la atención espiritual ha sido un aspecto fundamental del acompañamiento. Concretamente, se han organizado encuentros on-line que han permitido seguir creando comunidad en la distancia física y alimentando la fe. Estos dos aspectos han sido muy demandados.

En algunos sectores pastorales, se ha experimentado un aumento del voluntariado, especialmente con presencia de jóvenes. Estos, en algunos casos, no provenían de las parroquias ni de grupos eclesiales.

Se ha trabajado en Red con otros grupos eclesiales y, también, con entidades civiles y de la administración pública; en algunos casos, también se ha realizado una coordinación con organismos internacionales. Así mismo, hubo diálogos con el gobierno para la detección de las dificultades y para el seguimiento del Ingreso Mínimo Vital. Esta propuesta ya hace tiempo que la venía planteando Caritas.

Se ha acentuado una tarea de Sensibilización, Incidencia y Denuncia ante situaciones concretas de injusticia y vulneración de derechos (expresiones públicas como los círculos del silencio, en el caso de las migraciones y de Cáritas diocesanas). Estas manifestaciones han tenido lugar en los entornos de trabajo y de convivencia de las personas descartadas para poner al descubierto sus problemas y necesidades.

Se ha realizado un esfuerzo por visibilizar en los medios de comunicación la voz de los sin voz (radio y televisión) y ante la administración pública. En concreto, en algunos de los sectores pastorales de la Comisión Episcopal, su actuación e incidencia ha tenido estas notas propias:
Pastoral Gitana: Ante la precaria situación en la que se encuentran bastantes personas de etnia gitana, la respuesta se está ofreciendo fundamentalmente por parte de los propios familiares. Es importante destacar el trabajo de mujeres de mediana edad que están poniendo todos los medios a su alcance para responder a las necesidades familiares. Desde el departamento de Pastoral Gitana se considera muy urgente el potenciar la pastoral como vehículo para detectar casos de vulnerabilidad y para compartir la fe en red o de forma presencial.

En Apostolado del Mar: Se ha realizado trabajo en red con sindicatos y conexión con inspectores del control portuario para estar alerta ante incumplimiento de normas. Visita a los barcos para acompañar a la tripulación. Contactos con cofradías y atención a marineros locales en situación de ERTE o desempleo. En los centros de Stella Maris se ofrece a la tripulación y a los marinos información sobre el puerto y la ciudad donde están, asistencia laboral, social o espiritual. También existe asesoramiento para que se cumplan sus derechos, para la repatriación si fuese necesaria y para el cobro de salario en caso de abandono del buque.

En relación a la Trata, se han aportado recursos residenciales de acogida y de acompañamiento, ofreciéndoles la cobertura habitual, al haber sido calificados como recursos esenciales. También se ofreció material a las diócesis, con matiz preventivo, destinado a dotar de herramientas para la detección deposibles víctimas en época de crisis y se ha diseñado un protocolo de actuación. A pesar de todo, se necesitan medios para la detección de otras formas de explotación (servicio doméstico, comisión de delitos y matrimonios forzosos), así como recursos de acogida, intervención y acompañamiento.

Migraciones: Se han ofrecido iniciativas de acogida para temporeros en cuarentena (Seminario diocesano de Logroño) y atención a grupos específicos en situación precaria como los temporeros (Albacete). También se ha ofrecido orientación a familias solicitantes de asilo en situación de calle, al denegárseles el asilo, y acompañamiento a las empleadas de hogar. Este grupo de mujeres, fundamentalmente inmigrantes, ha sufrido mucho los despidos como consecuencia del coronavirus. Así mismo, se ofreció apoyo de asociacionismo en el caso de los MENAS y se han visitado jóvenes de los CIES que fueron reubicados en otros recursos por el confinamiento, puesto que los lugares en que residían no reunían condiciones. Se atendieron también sus necesidades básicas desde las delegaciones diocesanas, con un posicionamiento contrario a la reapertura de los CIES, denunciando las condiciones de insalubridad y hacinamiento existentes en Melilla.

Pastoral de las Ferias, Circos y carreteras: Los trabajadores de estos grupos hanrecibido el oportuno acompañamiento, ayudándoles a obtener recursos para cubrir sus necesidades básicas y ofreciéndoles voz en algún programa de radio.

En Pastoral del turismo: Ante la crisis experimentada por el turismo, se está promocionando recorridos turísticos vinculados al patrimonio histórico-religioso. Con ello, además de colaborar en la reactivación del sector, se piensa también en las grandes posibilidades de evangelización por medio del patrimonio religioso.

Pastoral Penitenciaria: Se suministraron 25.000 mascarillas a los internos y se les proporcionó ropa y dinero a los más pobres. Los pisos de acogida han seguido prestando su servicio a quienes cumplían condena y no tenían familia ni lugar en el que residir. Durante este tiempo, se ha incrementado la comunicación de los capellanes y voluntarios con los internos mediante el correo y se ha mantenido el acompañamiento a sus familias. En el futuro, además de destacar la gran labor del voluntariado que humaniza las prisiones, es preciso descubrir nuevas posibilidades para la reinserción social de los presos al salir de la prisión.

Cáritas ha incrementado en casi el 60% el número de personas atendidas. De estas, una de cada tres no había acudido antes a Caritas en busca de ayuda. El número de plazas de acogida para personas sin hogar ha aumentado en un 25% (1.407) durante la pandemia. Casi se han triplicado los recursos invertidos (2,7).

Religión