El Servicio Jesuita a Migrantes denuncia la situación de los CIE: "Hay condiciones insalubres e inhumanas"

Este lunes se ha presentado en el Senado de España el informe CIE 2021 "Territorio Hostil: formas diversas de hostilidad en los CIE"

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Este lunes, 6 de junio, el Servicio Jesuita a Migrantes ha presentado en el Senado de España el infome CIE 2021 “Territorio Hostil: formas diversas de hostilidad en los CIE”, donde se han analizado las situaciones y condiciones de estos centros durante el último año.

En el acto han intervenido María del Carmen de la Fuente, coordinadora de SJM, quien ha resaltado la labor de las personas que acompañan de forma humana a quienes están internos en los centros. Josep Buades, autor principal del informe, ha denunciado la “opacidad de la Dirección General de Policía, quien no ha hecho entrega en plazo de los datos oficiales requeridos, lo que supone un desprecio a la democracia”.

Ana Bosch, abogada en Pueblos Unidos (Madrid) y autora del informe, ha destacado las quejas de los internos sobre el trato violento que reciben en los centros: “Sienten que al entrar en CIE pierden toda dignidad. Somos testigos de actuaciones y medidas que dañan la integridad de las personas internadas”. Por su parte, Josetxo Ordóñez, abogado en la Fundación Migra Studium de Barcelona ha centrado su atención en los obstáculos a las visitas de las organizaciones sociales: “Hablamos de un derecho fundamental con doble cara: derechos de los internos a hablar con entidades sociales y el de las organizaciones para acompañar estas circunstancias y denunciar lo que ocurre dentro de los centros”.

Por último, la mirada de voluntariado que visita estos centros ha sido presentada por Elena Davara que visita el CIE de Madrid desde hace varios años: “¿Cómo se sienten los jóvenes que buscando una vida mejor acaban en un lugar que es como una cárcel, sin haber cometido delitos? En el CIE todo se para”.



Las tres formas de hostilidad de los CIE

Han sido años marcados por estrictos protocolos por la covid-19 que han provocado difíciles aislamientos para las personas internadas en estos centros con graves consecuencias para su salud mental, además de una deficiente atención sanitaria. Esta carencia de óptimos recursos médicos se aprecia no solo en lo que concierne a la pandemia sino también a la nula intimidad de los pacientes o la escasez de recursos sanitarios para poder atender a las personas y, además, una inexistencia de atención a los problemas relacionados con la salud mental, agravados en la mayoría de los casos por el encierro y las malas condiciones.

En este informe se ha enfocado la mirada y la denuncia en tres formas de hostilidad de los CIE en el año 2021:

- Trabas a la denuncia e investigación de agresiones policiales

- Deficiencias en la atención médico-sanitaria

- Obstáculos a las visitas de las organizaciones sociales



Situaciones insostenibles para las personas migrantes

Todas estas hostilidades derivan en situaciones insostenibles para las personas migrantes internadas en los centros, que ven vulnerados sus derechos cada día que pasan encerradas en condiciones insalubres e inhumanas.

Además, muchas de estas personas internadas en los CIE son adolescentes a los que, sin determinar su edad pues su documentación de su lugar de origen no es acreditada, prevaleciendo antes las pruebas médicas (lo que conlleva un largo periodo de tiempo encerrados en los CIE con incertidumbre y empeorando su situación física y mental) se vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación ante la ley basada en el interés superior del menor. Las organizaciones sociales velan ante todo por el cierre de los CIE.



Ante la improbabilidad actual de que desaparezcan, como demuestra el hecho de la construcción de un nuevo centro en Algeciras, se encuentran en una lucha constante por la mejora de las condiciones de estos centros y ofrecen un acompañamiento humano a las personas internadas, aunque sujeto a momentos de posibles restricciones.

Una revisión a los Presupuestos Generales revela que la inversión ejecutada para CIE en 2021 fue de más de 7 millones de euros, cifra superada en 2022, por la inversión de 13 millones y medio. En el año 2021 disminuyeron las cifras de personas internadas debido a la prevención de contagios por covid-19, las reformas emprendidas en algunos centros y la imposibilidad de ejecutar expulsiones y devoluciones a Estados con sus fronteras cerradas.

El propio carácter y funcionamiento de los CIE generan y perpetúan dinámicas de hostilidad hacia las personas migrantes internadas, cuya inmensa mayoría no ha cometido delito alguno, y vulneraciones sistemáticas de sus derechos humanos.


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