El Servicio Jesuita a Migrantes pide el cierre de los CIE: "Se les trata como delincuentes"

Reconocidos por su número y no por su nombre, tratados en demasiadas ocasiones como delincuentes y en condiciones a veces infrahumanas. Así es un día a día en los sieteCentros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que actualmente existen en España, tal y como ha denunciado el Servicio Jesuita a Migrantesen su informe 'Internamiento muteado' que ha presentado este lunes, 10 de junio, en el Congreso de los Diputados.

El autor del informe,el sacerdote Josep Buades, ha aportado detalles del documento para reiterar la posición del Servicio Jesuita a Migrantes de la necesidad de cerrar los CIE calificándolo “de innecesaria, aplicada muchas veces con desproporción, a veces al margen de la ley”.

Y es que Josep Buades ha puesto el foco en los jueves de instrucción, a los que pide hacer un mayor discernimiento a la hora de autorizar o no el internamiento de estas personas, ya que a veces, considera el jesuita, “no se hacen con un juicio de proporcionalidad: “A veces encontramos a personas que han cometido delitos con cierto peso, pero muchas veces son personas cuyos delitos son ridículos. Lo jueces de instrucción tienen que planteárselo mucho más”, ha opinado.

También ha instado a los jueces de control que “velen por los derechos de las personas internas”, mientras que a la Dirección General de la Policía reclama “arominzar el régimen interior de los CIE y los usos, las costumbres de cada interno garantizando los derechos de las personas detenidas”.

Buades ha recalcado que los CIE se encuentran "entre las herramientas más aflictivas y represivas de la política migratoria española y europea, aunque no sea la más utilizada", y lamenta que a lo largo del 2023 y en lo que llevamos de 2024 el debate sobre los CIE estuvo "totalmente ausente" del debate político. Además, ha señalado que este año "tampoco es un asunto que haya ocupado ni las preguntas al gobierno, ni el interés legislativo".

"Tenemos cifras bajas, tenemos la ausencia del debate político en el Congreso y, cuando observábamos la elaboración del nuevo pacto europeo sobre inmigración y asilo, que fue aprobado en 2024, nos damos cuenta de que toda su atención se vuelca en lo que acontece en las fronteras, en lo que es el cruce ilegal de las fronteras y en formas de privación o de limitación de responsabilidad", ha subrayado.

Siete de cada diez internos, con trastornos de salud mental

Asimismo, se ha puesto el foco en el deterioro mental que padecen un elevado porcentaje de internos y el déficit en la atención médica y sanitaria en los CIES españoles: “Estos centros son espacios de riesgo para el desarrollo de problemas de salud mental”, ha advertido la abogada y responsable de visitas en el CIE de Zapadores en Valencia, María Morrell.

En este sentido, Morell ha precisado que existe evidencia de que la detención "genera un daño psicológico a largo plazo, manteniéndose a menudo síntomas negativos como la sensación de inseguridad, de depresión, de ansiedad o incluso pensamientos intrusivos durante un largo periodo de tiempo tras su puesta en libertad".

La despersonalización de los internos, la incertidumbre a la que hacen frente o el aislamiento provocan estos casos de trastornos mentales en muchos casos. En este sentido, Morrell ha hecho referencia al informe sobre la salud mental que presentan los migrantes en los CIE realizado por el Servicio Jesuita a Migrantes junto a la Universidad de Sevilla presentado la pasada semana en la capital hispalense.

El estudio revela que siete de cada diez internos en los CIES presentan síntomas depresivos con necesidad de tratamiento. Siete de cada diez consultados manifestaron que esa sintomatología comenzó coincidiendo con su ingreso en estos centros de internamiento.

A su vez, el estudio recogía que cuanta mejor calidad de vida de los internos, menores síntomas de trastorno mental, y que no solo viene condicionada por la alimentación o la higiene del centro, sino que tiene más que ver con la confianza que se establece entre el migrante con la policía y los sanitarios: “Lo que peor valoran los internos es la falta de información sobre su situación”, ha precisado María Morrell durante su intervención en la sala 'Ernest Lluch' del Congreso de los Diputados.

De ahí que Morrell haya reclamado acompañamiento psicológico, mayor escucha al interno por parte del profesional policial y dotarles de herramientas para mantener esa interacción, así como mejorar la comunicación a los internos sobre su situación administrativa: “Percibimos que la defensa al derecho de la salud mental de los internos en los CIE pasa por su eliminación”, ha concluido la abogada y responsable de visitas en el CIE de Zapadores en Valencia.

"Se les trata como delincuentes”

Por su parte la voluntaria de visitas al CIE de Aluche en Madrid, Paloma Aguilera, ha denunciado que las reformas en los CIES han favorecido un mayor aislamiento de los internos y menor confidencialidad entre el migrante y los voluntarios que les visitan.

“No tenemos relación con Cruz Roja ni con el servicio médico o el director del centro. Queremos interaccionar más con ellos. Hay que tocar un timbre para entrar y salir de la sala con mamparas cerradas salvo por un pequeño orificio. A veces incluso nos ponemos de pie para oir mejor, pero algunos funcionarios nos obligan a sentarnos y nos prohiben usar el móvil, que es impresicndible para traducir sobre todo a los migrantes que solo hablan árabe ante la falta de traductores”, ha denunciado.

Bajo el pretexto de proteger a los voluntarios o evitar que entre droga en los CIES, Aguilera afea la actitud de determinados agentes policiales que “se sientan al lado de nosotros para intimidar al interno y vulnerar su confidencialidad”.

“A los internos se les llama por su número y no por su nombre. No son números, son personas y tienen una dignidad. Se les trata como delincuentes y se les lleva exposados cuando son detenidos, llevados al CIE o tienen que ir al hospital o hacer algún trámite adminsitrativo”, ha continuando exponiendo Paloma Aguilera en el Congreso.

A su vez, la voluntaria de visitas ha trasladado algunas quejas de los internos, como el tratamiento violento al que se ven sometidos por algunos funcionarios policiales, que adoptan una actitud “provocativa y racista” en zonas sin cámara, y que apenas son investigados: “Les tratan como delincuentes a los internos. Algunos son trasladados al hoispital para revisión pero las investigaciones no han tenido recorrido. Las víctimas son rapidamente repatriados impidiendo una investigación exhaustiva”, ha advertido.

2.085 internos en los CIE, de los que 64 son mujeres

También refleja que fueron internadas en los CIE 2.085 personas, de las que 64 eran mujeres, una de ellas identificada como objeto de trata. Además, añade que se practicaron diez pruebas de determinación de la edad y que dos fueron identificados como menores. Del total, 877 personas solicitaron protección internacional.

Respecto a los internamientos, 1.488 tuvieron causa de expulsión (71,37%), 557 de devolución (26,71%) y 40 de salida obligatoria (1,92%). "Muchas personas internadas tenían procedimientos de expulsión "cualificados" por la posesión de antecedentes penales o policiales. En cualquier caso, la mayoría presentaba perfiles muy complejos, con arraigo", apunta.

En esta misma línea, expone que un 29,73% de las 3.091 expulsiones ejecutadas fueron desde CIE (919), así como un 33,67% de las 597 devoluciones y salidas obligatorias (201). Un 54,82% de las salidas de CIE fueron por ejecución de la repatriación forzosa (1.120), el 42,58% por libertad (870), y el 2,59% por otras causas (53).