Reúnen 27 mil firmas para defender la presencia de los benedictinos del Valle de los Caídos
La nueva Ley de Memoria Democrática anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez pretende “resignificar” el Valle de los Caídos
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Más de 27.000 personas han firmado una declaración de apoyo a los benedictinos de la abadía del Valle de los Caídos, que podrían poner fin a una gestión del templo desde hace más de medio siglo con la nueva Ley de Memoria Democrática anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Esta nueva Ley, de la que todavía solo se ha redactado el anteproyecto y que deberá pasar ahora por las Cortes para su redacción final y aprobación. Entre las medidas que recoge el anteproyecto de ley está “resignificar” el Valle de los Caídos, en cuyo cementerio de Cuelgamuros están enterradas más de 30 mil víctimas de la Guerra Civil de ambos bandos.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, afirmó que el objetivo es que el Valle pase a ser un “cementerio civil”, extinguir la Fundación de la Santa Cruz, que podría implicar la expulsión de los benedictinos. Mediante estas más de 27.000 firmas, recogidas por la asociación católica 'Enraizados', se muestra el rechazo a las declaraciones de la vicepresidenta Calvo, en las que señalaba que “la presencia de los benedictinos en el Valle de los Caídos es incompatible con la resignificación de este lugar”.
'Enraizados' anunció acciones legales contra la nueva Ley al entender que el gobierno “va a saltarse a la torera la voluntad de las familias que expresaron su deseo de que los muertos descansaran en paz en el cementerio de Cuelgamuros, bajo la paz que proporciona la oración de los monjes”.
Tal y como detalló en ‘Aleluya’ el profesor de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad San Pablo CEU, Jorge Subirán, respecto a la marcha de los benedictinos del Valle de los Caídos, el Gobierno plantea dos opciones: “Que el patrimonio nacional se encargue del lugar o modificar los estatutos de la Fundación del Valle y un patronato público asuma la gestión. De esta manera, la presencia de los monjes sería innecesaria. Yo creo que de llevarse a efecto, el coste de imagen a nivel internacional del Gobierno sería grande”, considera Jorge Subirán.
Así las cosas, el experto en Derecho Eclesiástico indica que los benedictinos tienen escaso margen de maniobra: “Pueden ir por la vía judicial y recurrirlo al Tribunal Supremo y esperar que les den la razón”.
