Inquietante la deriva autoritaria en la que este Gobierno ha entrado y nos está llevando. Lo digo a propósito de la proposición de ley con la que pretenden desbloquear la situación de renovación del CGPJ. Y todo sin contar con el principal partido de la oposición. Quieren controlar la Justicia, algo que nos lleva a preguntarnos si no estamos ante un ataque directo a la separación de poderes y a la independencia judicial. Es una proposición que choca con lo que dictó el Constitucional. A ver si estos señores que apelan a la Constitución cada dos por tres se preguntan si no son inconstitucionales.

El Constitucional dejó claro que alterar las mayorías supone dejar el órgano de Gobierno de los jueces en manos de intereses partidistas. Si dejan al margen al principal partido de la oposición, ya me contarán.

Ahora esto se dinamita con una mayoría simple que tienen garantizadas Sánchez e Iglesias con el apoyo de Bildu. Con el apoyo de los independentistas, es un ataque a la independencia judicial y la separación de poderes.

Muy preocupante este proceso de 'venezualización' de España.

La Asociación Europea de Jueces muestra una "gran preocupación" por la reforma del CGPJ y pide garantizar la independencia

La Asociación Europea de Jueces ha expresado este martes su "gran preocupación" por la reforma planteada por PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha lamentado que España "esté dando un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del Poder Judicial".

En un comunicado, la asociación ha pedido aprovechar la "oportunidad legislativa para reformar el sistema de designación" del CGPJ y reforzar así "las garantías de independencia de los jueces y magistrados, como pilar fundamental del estado de derecho". En este sentido, ha reclamado volver "al sistema anterior", donde los jueces integrantes de este órgano "eran elegidos por sus iguales", una alternativa, según ha defendido, que "se propuso".

Sin embargo, ha lamentado que la opción planteada por PSOE y Unidas Podemos "aumentará el riesgo de influencia política indebida en el nombramiento de los miembros del Consejo y en el sistema judicial en su conjunto, dañando la percepción de la sociedad sobre una independencia judicial efectiva".