El escaso o nulo gusto que el Gobierno de Sánchez e Iglesias tiene por la libertad ya no es un síntoma: es un diagnóstico. No es un Gobierno al que le gusta la libertad y lo digo porque ya no es un síntoma. No, es un diagnóstico a propósito de los pasos que viene dando desde hace tiempo.

Y no sólo, por ejemplo, por el llamado Ministerio de la Verdad este que quieren configurar a partir de la necesidad de controlar la información y subrayar la que es cierta de la que no es, controlar las fake news, las noticias inciertas o falsas... O por ejemplo también controlar la pluralidad de los medios. Los medios son plurales en función de sus líneas editoriales y cada medio es libre de elegir a los colaboradores que le dé la gana. Y el Gobierno no debe ni puede meter la zarpa, por ejemplo, en medios privados, por supuesto. Eso es obvio. Pero este Gobierno también tiene esa necesidad de intervenir. Porque este es un Gobierno intervencionista. Tiene un ADN chavista más que evidente, a propósito de todos los pasos que viene dando.

Y luego me refiero, por ejemplo, a la Ley de Educación. Esta ley que han aprobado en medio de la bronca notable de la oposición y en medio del rechazo, sobre todo de la comunidad educativa, con la que no ha contado el Gobierno de Sánchez e Iglesias para intentar un consenso. Estamos hablando, además, de la octava Ley de Educación de la democracia. ¿Eso qué significa? Que en el momento en que cambie este Gobierno (y probablemente por el bien de este país lo mejor que puede pasar es eso, en las próximas elecciones)... Bueno, pues el cambio de Gobierno significa otra ley nueva. Que esperemos que entonces sí sea consensuada y sea acordada. No solamente con la comunidad educativa, sino con todos aquellos sectores que tienen que aportar, evidentemente, para que tengamos una educación extraordinaria en este país.

Pero esta ley, por ejemplo, que la señora Celaá se ha sacado de la manga con el apoyo de sus socios Frankenstein, en virtud de los acuerdos a los que han llegado para que le aprueben al señor Sánchez sus Presupuestos Generales del Estado... Pues, como saben, es un atentado a la libertad en general. Atenta contra la libertad de los padres para elegir el colegio que quieren para sus hijos. Le pone trabas a la enseñanza concertada, porque entiende este Gobierno que hay que primar lo público y, bueno, deteriorar todo lo que tenga algo de privado. Por ejemplo, la enseñanza concertada.

Y uno se pregunta por qué. Por qué yo no puedo elegir el colegio que deseo para mis hijos. Por qué los padres de los niños especiales no pueden estudiar en colegios especiales. Por qué tiene que intentar cerrar esos colegios para integrar a esos niños en colegios ordinarios. Por qué, por ejemplo, se opone a la educación diferenciada dentro de la escuela concertada. Que es una libertad que también tienen los padres para que sus hijos, sean niños o niñas, estudien en el aula que quieran ellos en función del modelo educativo que desean para sus hijos.

O sea, todo esto es un desastre. Porque atenta de verdad, sobre todo, contra la libertad. Que eso es lo más grave que esta ley lleva lleva consigo. En fin, vamos a ver si el Tribunal Constitucional al final frena este intervencionismo indeseable y chavista del Gobierno. Por lo menos, en el capítulo de la Ley Celaá. Porque además, como saben, tiene uno de los aspectos más aberrantes que se pueda uno imaginar: que en el propio país, en España, en las Comunidades Autónomas donde tienen lenguas cooficiales, el español desaparezca como la lengua vehicular para que los niños ya no tengan que estudiar en español. Y lo hagan en sus lenguas cooficiales. Ya sea el catalán, el valenciano, el balear, el gallego, el euskera, etcétera etcétera. Y el español no pinte absolutamente nada. Es una auténtica aberración. Por eso digo que el Tribunal Constitucional será el que tenga que frenar esta situación, esta aberración. Y esperemos que también Bruselas dé un nuevo toque al señor Sánchez y al señor Iglesias.