"El Gobierno coge dos o tres frases del informe y las utiliza según su conveniencia. El informe no dice nada de si es constitucional o no, porque dice que es un tema interno. Dice que debe ser una amplia mayoría". Así lo ha asegurado en 'El Cascabel' de TRECE Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.

En su entrevista con Antonio Jiménez, el jurista ha afirmado que "es verdad que el informe de la Comisión de Venecia dice que no ataca a la separación de poderes porque son los jueces quienes la aplican. Es la única verdad que dice Patxi López, pero si cogemos la Constitución española vemos que no encaja".

El Senado planteará un conflicto institucional para reclamar a la Cámara Baja la retirada de la proposición de ley de amnistía. Una iniciativa que adoptará a petición del PP, al entender que es inconstitucional y su tramitación, "fraudulenta". Todo esto podría acabar en el Tribunal Constitucional en el caso de que el Congreso no acepte en un plazo máximo de 30 días este requerimiento, que promoverá ante la Mesa por el grupo popular, que tiene la mayoría absoluta en la Cámara Alta.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García lo ha anunciado durante una interpelación al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños."Quiero anunciar que el grupo popular va a proponer que esta Cámara, en defensa de sus atribuciones constitucionales, inste formalmente al Congreso de los Diputados a retirar la ley de amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución", ha afirmado la portavoz popular.Además, ha acusado a los socialistas de llevar a cabo "tramitaciones fraudulentas con tal de salirse con la suya" porque "por un lado está la legalidad y por otro Pedro Sánchez". Los populares hacen uso así de una posibilidad que señalaron los letrados del Senado: plantear un conflicto entre órganos constitucionales, con la celebración de un pleno que pida formalmente al Congreso la retirada de la proposición de ley de amnistía, y ante el Tribunal Constitucional, para la posible petición de suspensión cautelar del procedimiento legislativo.

Una vez que el pleno del Senado plantee el conflicto constitucional, el Congreso tiene un mes para pronunciarse, y si no rectifica su postura sobre la amnistía es ese el punto en el que la Cámara Alta puede acudir al Constitucional, de acuerdo con el artículo 73.2 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Por su parte, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha respondido a la decisión del PP de plantear que la ley de amnistía es inconstitucional. Alegría ha recordado que es el Tribunal Constitucional (TC) quien determina si una norma se ajusta o no a la Carta Magna. La portavoz ha expresado su respeto al informe de los letrados del Senado conocido este lunes y que ha servido de base a la Mesa de esta cámara -con mayoría del PP- para admitir a trámite la ley de amnistía a pesar de las dudas que expresan sobre su constitucionalidad.