'El Cascabel' de TRECE ha hablado con el juez José Antonio Vázquez Taín para explicar la situación actual de la condena al diputado Alberto Rodríguez, después de que este jueves la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, haya decidido solicitar al Tribunal Supremo que aclare el alcance de la pena que impuso al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, una condena que, según el PSOE y el grupo confederal, que suman mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara, no implicaría tener que dejar sin escaño al parlamentario canario.

Vázquez Taín ha explicado que "el conflicto en realidad no existe, el artículo 107 de la Constitución dice que la competencia para juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde en exclusiva de los tribunales, luego los tribunales no solo dictamos la sentencia, sino que también decimos como se tiene que ejecutar. La ejecución es exclusiva del Supremo, no cabe interpretación".

Por otro lado ha aclarado que "todas las penas de prisión, todas llevan accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo. Lo que ocurre es que las penas de menos de tres meses de prisión, no es que se sustituyan por multa, sino que en la ejecución, cómo es absurdo meter a una persona menos de tres meses en prisión, la ejecución se hace pagando una multa para no entrar en prisión, pero se mantiene la inhabilitación".

En cuanto a la Mesa del Congreso, el juez asegura que "a lo único que se tiene que limitar es a comunicarle al Tribunal Supremo si tiene la más mínima duda, como tenemos que ejecutar esta sentencia".

Además ha apuntado que esta situación la ha vivido muchas veces a menor escalas. "Muchas veces porque sí que a veces condenas a un concejal, a un responsable público y tienes que mandarle un oficio a un ayuntamiento, a una diputación diciéndole mire señor tiene que cumplir una pena de inhabilitación. Siempre te contestan diciendo, si se podría esperar un par de meses o al final de la legislatura. Eso lo entiendo en un pequeño ayuntamiento de pueblo pero no el parlamento".

"Todas las penas de prisión llevan inhabilitación. Si lo quieren cambiar que lo cambien, nosotros nos limitamos a ejecutarlo", y recuerda que "aquí no ha habido una sustitución de pena".

"Claro que nosotros no metemos a la gente en prisión pero oficiamos la prisión para que ejecute una pena, u oficiamos a la Hacienda para que embargue una cuenta. Considero que todavía no hay un conflicto institucional, se planteará cuando llegue un momento en que se tenga que poner fecha a la pena y haya un requerimiento constitucional, por ahora simplemente hay unas dilaciones, que se viven en otras circunstancias", ha concluido.