Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional, ha estado en ‘TRECE al día' de para explicar la aparente contradicción de decisiones judiciales que se han ido conociendo en las últimas horas. Preguntado por el toque de queda en aquellos municipios con la incidencia más alta en la Comunidad Valenciana y Aragón que ha dado marcha atrás a las restricciones sobre el ocio nocturno porque consideran que no son legales, manifiesta que “la situación no es la misma en las dos comunidades desde el punto de vista normativo, Aragón lo que ha hecho es pasar del nivel 1 de alerta a un nivel 2 con una modificación de ley a través de un decreto ley, y el mismo día que publicaban el decreto ley, sacaban una orden por la cual flexibilizaban las medidas correspondientes al nivel de alerta 2”. “Lo que ha ocurrido es que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a petición de las asociaciones de hosteleros, ha suspendido la eficacia de la orden, ha aceptado medidas muy cautelares, pero al suspender la eficacia de la orden el decreto ley, Aragón sostiene que continúa en vigor, de forma que lo que se ha suspendido es la flexibilización de las medidas de la alerta 2 que son peores que las que estaban en esa orden”, explica Vidal.

Y, en cuanto a Valencia “tenemos un TSJ que ha avalado la mayor parte de las medidas que ha presentado el gobierno valenciano, entonces al no hacer falta ninguna norma de rango legal, una orden de la Consejería de Sanidad ha previsto este toque de queda y el TSJ Valencia ha avalado estas medidas”. Carlos argumenta que “puedo aceptar que es una medida temporal de 14 días y cumpla las condiciones, pero hay un voto particular de esa decisión de Valencia con el que estoy de acuerdo que hay otro tipo de medidas que es limitar el número de personas, incluso en la vivienda privada, que es generalizada”. “Por el mismo criterio que las otras medidas solo se aplican en la provincia de Valencia, debería de haberse hecho lo mismo para estas medidas, por eso hay un juez magistrado que no está de acuerdo con sus compañeros en que no se pueden tomar estas medidas de modo generalizado”.

“Las comunidades lo que deberían de hacer inicialmente es una orden en la que se estableciesen estas medidas, si en esas comunidades ha habido problemas con los TSJ porque no le han avalado las medidas y tienen alguna norma con rango de ley aprobada lo que tienen que hacer es aplicarla y subir el nivel de alerta para ver si es avalado por el TSJ, en el caso que no tenga la norma de rango ley, lo único que les queda es la norma específica, justificarla muy bien basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y no pueden aplicarla de modo generalizado, y en la medida de proporcionalmente lo hagan tendrá más posibilidades que el Tribunal de Justicia lo avale” recalca Carlos.

En cuanto al toque de queda que se ha establecido Cataluña en el que se permite la circulación por la calle a pesar de que todos los locales y establecimientos estén cerrados a partir de las 12 horas de la noche, afirma que “eso si se puede hacer porque los horarios comerciales es competencia de la comunidad autónoma, sin embargo, el problema subyace en cómo controlar los botellones”. Y reprocha que el TSJ de Valencia tolere el toque de queda por los informes que llegan de la policía local en los que se informa que es imposible controlar estos botellones sin aplicar el toque de queda, calificándolo de “mano dura porque no somos civilizados” según Carlos Vidal.

Desde el punto de vista de la prudencia jurídica, ha declarado que “Madrid es una comunidad que lo ha hecho muy bien, ya que no ha arriesgado, salvo cuando le obligó el Gobierno, aparte de Andalucía o Galicia que lo han hecho muy bien desde ese punto de vista, he de decir que hay TSJ que han argumentado sus sentencias mejor que otros, ahora como el Supremo ha fijado su posición, lo único que tienen que hacer es fijarse y aplicarlo en su comunidad”. Vidal opina que “no estoy de acuerdo que se aplique el toque de queda por una orden de la consejería, nos estamos cargando el sistema de fuentes del derecho y lo que me gustaría es que la legislación estatal dijese cuando se puede establecer un toque de queda sin tener un estado de alarma”.