El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, propone en un informe sobre inclusión financiera entregado este jueves a la Cortes que se cree un grupo de trabajo con Correos para analizar la viabilidad de que preste servicios financieros por cuenta de las entidades bancarias en las zonas rurales.

El Defensor ha registrado este jueves el informe "Retos de la inclusión financiera: servicios bancarios y personas vulnerables", en el que plantea 32 recomendaciones a las administraciones públicas y un paquete de propuestas de mejoras a las principales patronales bancarias para garantizar el acceso a este servicio esencial.

Las 3.475 quejas recibidas en la institución sobre este asunto en la última década reflejan que operaciones cotidianas y necesarias como abrir una cuenta corriente, sacar dinero en efectivo o hacer una transferencia son difíciles para determinados colectivos.

Propone la retirada de efectivo y la ubicación de cajeros u oficinas en núcleos poco poblados que sean declarados servicios económicos de interés general, así como asegurar la atención presencial en las oficinas para personas mayores y discapacitados.

Gabilondo ha identificado que los sectores de la población con mayor riesgo de exclusión financiera son las personas mayores, los extranjeros, quienes viven en el mundo rural y los discapacitados.

Entiende que se deben declarar servicios económicos de interés general la apertura de cuentas corrientes y cuentas de pago básicas, la retirada de efectivo y operaciones de pago en la Unión Europea, la realización de movimientos bancarios y la retirada de efectivo.

Al tiempo, aboga por que se haga un análisis previo de impacto del cierre de la última sucursal o del último cajero de una población y pide alternativas para que los ciudadanos no queden desasistidos.

También aconseja asegurar que el despliegue de la red de oficinas con asistencia presencial y cajeros salvaguarde la competencia entre las entidades, fomentando modelos de gestión multimarca allí donde la concurrencia de los operadores económicos no la garantice.

Sobre las cuentas de pago básicas, los redactores del informe han detectado que, a pesar de que la normativa establece que son un derecho universal, no alcanzan a todos aquellos que las necesitan y pide que se aplique un régimen sancionador específico.

Para la institución también es necesario mejorar la protección de los clientes bancarios e insta a reforzar al Banco de España con normas que le den mayor autoridad en defensa de los usuarios de servicios financieros.

Se apunta también en el informe que la Autoridad de Protección del Cliente Financiero, cuyo estatuto está actualmente discutiéndose en las Cortes, tenga un papel reforzado, resolutivo y complementario con el del Banco de España.

Apela igualmente a las entidades a prevenir y superar los factores que conducen a la exclusión financiera por lo que ha elaborado también, con carácter complementario, ocho propuestas dirigidas a las entidades bancarias, que van a hacer llegar a las tres patronales del sector (AEB, CECA y UNACC).

Entre ellas destaca el refuerzo entre las plantillas del conocimiento de la legislación de igualdad de trato y contra la discriminación, que se refuercen los procedimientos de gestión internos para evitar la denegación verbal de solicitudes de apertura de cuentas de pago básicas y que la acreditación documental resulte "exorbitante".

Las recomendaciones se dirigen al Gobierno, al Banco de España, a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y a Correos.