El CICR avisa de que la destrucción de la presa de Nueva Kajovka es uno de los ataques más graves contra la infraestructura civil

El Derecho Internacional contempla una especial protección para infraestructuras hidrológicas como presas, tanto por su especial relevancia para suministros básicos como por el riesgo que su destrucción puede suponer para zonas aledañas. Destruirlas, por tanto, puede constituir un crimen de guerra.

El Derecho Internacional Humanitario consuetudinario incluye este tipo de enclaves dentro de las "obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas" y para las que se reclama "especial" vigilancia. Al igual que podría ocurrir con las centrales nucleares, se teme que cualquier ataque pueda suponer un riesgo para la población.

La conocida como 'norma 42' incluye en sus anexo matizaciones de carácter práctico, de tal manera que la "protección especial" no se aplicaría en el caso de que las instalaciones sirvan para fines militares o de que en sus inmediaciones hubiese objetivos militares y no hubiese otra manera de destruirlos.

En todo caso, dentro de estas apreciaciones también se recuerda que la protección de la población sigue siendo esencial y que, ante la liberación de posibles "fuerzas peligrosas", como podría ser el agua en el caso de una presa, "se tomarán todas las precauciones prácticas" para evitar riesgos.

De hecho, los Protocolos Adicionales incorporados en 1977 a los Convenios de Ginebra (1949) advierten de que "lanzar un ataque contra obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas a sabiendas de que dicho ataque causará una pérdida excesiva de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil" supone una violación grave del Derecho Internacional.

Así, presas o centrales nucleares quedan protegidas frente a ataques --"aunque sean objetivos militares"-- si puede producirse una liberación de "fuerzas peligrosas" y, por tanto, "graves pérdidas entre la población civil".

EL CASO DE UCRANIA

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), considerado una especie de guardián del Derecho Internacional, ha recordado también este lunes que "las presas tienen una protección especial", al hilo de la destrucción de la de Nueva Kajovka, en el este de Ucrania.

Para la organización, se trata de "uno de los daños más significativos contra infraestructuras civiles desde febrero de 2022", fecha en la que el Ejército ruso lanzó su ofensiva militar en Ucrania y evalúa ya las consecuencias de lo ocurrido.

"Decenas de miles de personas a ambas orillas del río Dniéper están ya sufriendo inundaciones, lo que pone en riesgo sus vidas", ha advertido el CICR.

La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional tiene abierta una investigación sobre la situación en Ucrania y, de hecho, la corte con sede en La Haya ya ha dictado dos órdenes de arresto por la deportación forzada de niños ucranianos, una de ellas dirigida contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

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El TPI, sin embargo, ha evitado valorar la destrucción de la presa de Nueva Kajovka, ya que las fuentes consultadas por Europa Press sostienen que sólo se puede realizar una evaluación de lo ocurrido "después de examinar todos los requerimientos legales".