El empresario castellonense y hermano del president de la Generalitat Francis Puig se ha comprometido a aportar facturas y otros documentos que desmonten la acusación de fraude de subvenciones que ha formulado el PP y la Fiscalía Anticorrupción y ha anunciado que pedirá el sobreseimiento de la causa judicial abierta contra él.

Tras declarar ante el juez como investigado, su letrado, Javier Falomir, ha asegurado que en ningún caso las cantidades que supuestamente se adjudicaron de forma irregular a las empresas de su defendido superan los 120.000 euros, por lo que descarta el fraude de subvenciones y se centra en aportar documentación para rebatir la posible acusación de falsedad.

Francis Puig ha declarado este lunes durante cuatro horas como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia en el marco de una causa abierta, tras una denuncia del PP, por un supuesto fraude de subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña.

En referencia a este asunto, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado este lunes que el Ejecutivo "avalará siempre lo que diga la Justicia", si bien ha reiterado que la administración autonómica valenciana "no está concernida" en esta cuestión.

El president ha asegurado que si en un momento determinado "se observa alguna irregularidad, desde luego la Generalitat también pedirá las compensaciones o lo que corresponda".

A la salida del juzgado, el hermano del president Ximo Puig ha evitado hacer declaraciones a los periodistas y se ha mantenido al margen, tomando fotografías y vídeos a los periodistas, mientras su letrado, Javier Falomir, daba explicaciones a la prensa.

A juicio de Falomir, este proceso es "desafortunado" porque "lo primero que se debería haber aclarado es lo básico", es decir, si se han concedido subvenciones supuestamente fraudulentas por más de 120.000 euros.

"Yo creo que no, y que a raíz del informe de la Guardia Civil en estos momentos ya no nos centramos en un posible fraude de subvenciones, sino en falsedad con alguna factura. Porque la Guardia Civil induce a error en su informe al indicar que para superar los 120.000 euros hay que sumar los importes concedidos, pero no es eso, sino los importes que supuestamente se haya concedido de forma irregular, y si sumamos las cantidades a las que la Guardia Civil pone objeciones no se llega a esa cantidad en ningún caso", según el abogado.

En su declaración, Francis Puig ha respondido a las preguntas de la fiscal y de su letrado, pero no al del PP, que ejerce la acusación popular.

En opinión del letrado de Francis Puig, la Guardia Civil parte en su informe de cuestiones que "podría haber hecho mejor, en el sentido de haber comprobado los domicilios fiscales vía Hacienda, o pedir certificados y altas registrales de los domicilios".

Preguntado por la supuesta existencia de facturas duplicadas en solicitudes de subvenciones solicitadas a la Generalitat Valenciana y Catalana, este letrado ha criticado de nuevo a la Guardia Civil por "no entender cómo funciona el sistema de las subvenciones".

"Es verdad que se han aportado las mismas facturas en ambas administraciones, pero eso no significa que se impute la totalidad del gasto. Cada administración decide la parte que subvenciona, sin aclarar qué gastos son los sufragados", ha añadido.

• Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La defensa de Francis Puig se ha comprometido a aportar documentación para sustentar sus argumentaciones y ha anunciado que pedirá la comparecencia como testigo del jefe de servicio responsable de tramitar las referidas subvenciones; posteriormente, pedirá el libre sobreseimiento de la causa.

La Fiscalía Anticorrupción pidió recientemente a los servicios de Intervención de ambas comunidades autónomas que elaboraran sendos informes-auditoría sobre las subvenciones percibidas por cada una de estas sociedades entre 2015 y 2018, teniendo en cuenta la documentación justificativa presentada en ambas autonomías.

En este sentido, será esencial conocer si esas subvenciones superaron los 120.000 euros, puesto que en ese caso estos hechos podrían enmarcarse en un delito de subvenciones.

El próximo miércoles está citado a declarar al empresario Juan Enrique Adell Bover, socio de Francis Puig en varias empresas dedicadas a la comunicación y también investigado en esta misma causa, junto con el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, para cuya declaración todavía no hay fecha.

Fuentes del PP no han ofrecido por el momento su versión de esta comparecencia, y han anunciado que lo harán en un posterior comunicado.