El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, está citado este miércoles a declarar ante un juez de la Audiencia Nacional en el marco de una investigación recientemente reabierta sobre la financiación de Podemos que se remonta al año 2016.

La comparecencia, que será presencial y comenzará a las 10:00 horas, se produce en medio del lío jurídico en el que se ha convertido su entrega a Estados Unidos, donde le reclaman para ser juzgado por delitos de narcotráfico, blanqueo y colaboración con las FARC.

Después de que la Audiencia Nacional ordenase ejecutar la extradición, aun cuando el magistrado Manuel García Castellón le solicitó retrasarla, a última hora y cuando tenía ya fecha -se esperaba que fuese el pasado sábado- la dejó en suspenso al constatar, a petición de la defensa, que no se había cumplimentado un auto que debía formalizarse antes de ejecutar la entrega.

Este aparente último escollo jurídico será abordado por el pleno de la Sala de lo Penal el viernes.

Pero antes, este miércoles, Carvajal testificará ante el juez García Castellón, a quien le ha estado remitiendo documentación en las últimas semanas en su estrategia para evitar ser extraditado. Además del juez, por parte de la Fiscalía se prevé que sea el fiscal jefe Jesús Alonso quien interrogue al exgeneral, informan a Efe fuentes jurídicas.

Desde que fue detenido y enviado a prisión en septiembre tras casi dos años en paradero desconocido, el exjefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela ha tratado de paralizar su entrega por todos los medios, incluido el de desvelar presuntas tramas de corrupción del régimen chavista con exdirigentes políticos españoles.

La anterior vez que compareció ante el juez, el 20 de septiembre, se comprometió a aportar documentación y desde entonces ha señalado supuestas irregularidades en pagos de la petrolera venezolana PDVSA, algunos de ellos, presuntamente, a exdirigentes de Podemos como Juan Carlos Monedero; además de apuntar a otras personalidades como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el exjuez Baltasar Garzón.

Ahora el juez volverá a recabar su versión en el marco de unas diligencias secretas que reabrió la semana pasada y que se remontan a 2016, cuando un juzgado de Zaragoza se inhibió en favor de la Audiencia Nacional tras recibir una denuncia contra Podemos por supuesta financiación ilegal con fondos de Irán y de Venezuela.

Esas diligencias fueron inmediatamente archivadas a petición de la Fiscalía dado que dicha denuncia estaba fundamentada en recortes de prensa sobre el supuesto informe policial Pisa (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), al que el Tribunal Supremo no dio crédito.

La sección tercera de lo Penal, que fue quien ordenó materializar la entrega y después la dejó en suspenso a causa del citado error de forma, interpretó la repentina colaboración de Carvajal como una "estrategia dilatoria" para frenar su entrega. En paralelo, magistrados de otra Sala, la de lo Contencioso, le han reprochado que utilice el asilo -que le fue denegado por el Ministerio del Interior- de "forma fraudulenta" para evitar su extradición a toda costa.