El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy, por 15 votos a 6, rechazar la propuesta de informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y crear un nuevo texto, que se debatirá el próximo 27 de enero. El motivo principal para tumbar este proyecto es su evidente "sesgo ideológico". Además, la mayoría de los miembros del órgano de gobierno de los jueces considera que la norma viola las competencias autonómicas.

El autor de la enmienda que ha tumbado este texto, Enrique Lucas, ha sostenido que éste parte de una idea errónea, que es que el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, "tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible". Además, también considera erróneo plantear que "algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las comunidades autonómas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas".

El texto aprobado por el pleno añade que el punto de partida de dicho informe debe ser el artículo 148.1.3º de la Constitución, "que no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas sino que, también, es un límite de las estatales", informa el CGPJ en un comunicado.

A favor de las alegaciones han votado el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea.

Se han opuesto a estas alegaciones Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

Del mismo modo, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que fue encargado de redactar la propuesta de informe sobre el anteproyecto de Ley de Vivienda que este viernes ha tumbado el pleno, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, defiende su borrador señalando que el Estado "tiene título competencial para legislar sobre la vivienda".

El vocal progresista indica en declaraciones a Europa Press que es paradójico que en la votación que se ha producido esta mañana los vocales "conservadores y los nacionalistas" que forman parte del pleno del órgano de gobierno de los jueces se han puesto de acuerdo para considerar que el Estado no tiene competencia en materia de vivienda.

La Ley de Vivienda, una de las medidas 'estrella' de Unidas Podemos

El anteproyecto de esta normativa, que recibía el visto bueno del Consejo de Ministros a finales de octubre de 2021, está considerada como una de las "leyes estrella" de los morados y fue negociada en primera persona por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

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Entre otras claves, destaca que las comunidades autónomas contarían con la potestad para limitar los precios de los alquileres en zonas tensionadas a las personas jurídicas (empresas e instituciones) propietarias de más de diez viviendas.

Al resto de propietarios de esas zonas se les permitiría incrementar los precios hasta un 10 % sobre la última renta del contrato anterior, siempre que hayan hecho obras de rehabilitación y mejora energética y de accesibilidad en los dos últimos años.

Como mecanismo de contención de rentas, el texto también establece para los nuevos contratos una bonificación general del 50 % en el IRPF de los arrendadores, modulable en función de diversos criterios, hasta un máximo del 90 % para aquellos que rebajen un 5 % el precio de sus alquileres.

Para sacar al mercado viviendas vacías da la posibilidad a los ayuntamientos de aplicar un recargo de hasta el 150 % de la cuota líquida del IBI a las que estén desocupadas sin justificación durante más de dos años.

Al CGPJ no le convencen los argumentos que se desglosaban en ese informe que defendía esta ley y que, insisten desde el Gobierno, será aprobada el próximo 18 de enero. Así lo indicó la ministra española de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a EFE. "Sí, la aprobaremos en el próximo Consejo de Ministros y la previsión es que podamos llevar a una segunda lectura y por tanto, aprobar ya definitivamente en el Gobierno esa ley tan esperada. Y a partir de ahí empezar lógicamente la tramitación parlamentaria".

La ministra indicó también que espera que "ese mismo consenso de la sociedad también se consiga en el Parlamento" y que se pueda tener "lo antes posible" la aprobación de una ley que consideró "histórica".