La Comisión Europea ha propuesto este miércoles una iniciativa legislativa para garantizar el derecho de los consumidores de la Unión Europea a reparar los productos estropeados para evitar el despilfarro de recursos, ahorrar dinero a los ciudadanos y avanzar hacia un sistema económico más circular.

"Los consumidores obtendrán las herramientas que necesitan para elegir la reparación y hacer una contribución positiva a la economía circular. También se envía un mensaje importante a las empresas de que los modelos comerciales sostenibles y las inversiones en reparaciones son rentables", ha comentado en rueda de prensa el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

La Comisión Europea, que trabaja en varios frentes en la lucha por el derecho a reparar y contra la obsolescencia programada, desde el "ecodiseño" de los productos a objetivos de reciclaje, entiende que hay muchos bienes que se podrían reparar y que se sustituyen innecesariamente por otros nuevos. En concreto, Bruselas calcula que anualmente en la UE se genera innecesariamente 35 millones de toneladas de basura, 261 toneladas de CO2 liberadas a la atmósfera y 30 toneladas de recursos desperdiciadas por tirar aparatos defectuosos o que ya no funcionan, en lugar de arreglarlos. Esto acarrea, además, un coste financiero de 12.000 millones de euros al año para los consumidores, según cálculos de la Comisión Europea, que estima también que la nueva normativa incentivará inversiones por valor de 4.800 millones.

La propuesta, que tendrá que negociarse con los Estados miembros y con el Parlamento Europeo, no amplía el período de garantía obligatoria de productos como una lavadora o un televisor. Pero forzará a los fabricantes a informar a los consumidores de que están obligados a reparar gratis el aparato cuando esté cubierto aún por la garantía y que repararlo sea menos caro que reemplazarlo por uno nuevo.

"Nadie podrá negarse a reparar tu lavadora a no ser que sea técnicamente imposible", aseguró Reynders, quien agregó que los fabricantes tendrán que reparar el aparato incluso si ha sido dañado por el consumidor, aunque en ese caso podrán reclamar un precio por ese trabajo. Fuentes europeas señalaron que la directiva no prevé regular los precios de esas reparaciones, porque chirriaría en una economía de libre mercado.

Fuera del período de garantía, la Comisión quiere que los usuarios puedan reclamar reparaciones y que las empresas informen de las condiciones obligatorias de reparación, que se extenderán por un período de entre 5 y 10 años, dependiendo del producto. La directiva cubre productos como lavadoras, lavavajillas, neveras, pantallas electrónicas, aspiradoras, servidores y almacenamiento de datos, pero no abarca por ahora teléfonos móviles o tabletas, que se incluirán cuando se apruebe la normativa de "ecodiseño", actualmente en fase de negociación y los Estados miembros tendrían potestad de introducir incentivos adicionales a la reparación.

Además, el Ejecutivo comunitario creará una plataforma en línea para poner en contacto a consumidores y profesionales de la reparación instalados en su zona, lo que facilitará que encuentren "ofertas atractivas". El consumidor, según la propuesta, también tendrá derecho a reclamar un formulario de reparación al fabricante que indique con "transparencia" las condiciones y el precio de la restauración, así como una comparativa de ofertas para repararlo.