La democracia brasileña resistió este domingo al ataque de miles de bolsonaristas, seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que ha reprobado tímidamente lo sucedido desde su exilio, que tomaron por la fuerza, por cerca de cuatro horas, las sedes del Gobierno, del Parlamento y del Tribunal Supremo, en la mayor agresión a los poderes republicanos vista desde el golpe de Estado de 1964. Lula reaccionó ordenando la intervención de los organismos de seguridad del Distrito Federal, región donde se encuentra Brasilia, y desplegando fuerzas federales para ayudar a expulsar a los golpistas de las instituciones. Hasta el momento, hay más de 300 detenidos.

El episodio vivido este domingo en Brasilia recordó a la invasión del Capitolio de Estados Unidos ocurrida el 6 de enero de 2021 por parte de simpatizantes del expresidente Donald Trump, quien guarda una relación de amistad con Bolsonaro, aunque el ataque brasileño tuvo una escala aún mayor. El exmandatario brasileño se encuentra actualmente en Orlando, Estados Unidos, adonde viajó dos días antes de la investidura de Lula sin billete de vuelta. Rechazó de forma tibia los sucesos ocurridos en Brasilia, al afirmar que las manifestaciones pacíficas "hacen parte de la democracia", pero "el vandalismo y las invasiones de edificios públicos", en cambio, "escapan a la norma".

Las protestas de este domingo fueron convocadas por los grupos bolsonaristas que llevan acampados frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia desde el día posterior a las elecciones. Los manifestantes, vestidos con banderas de Brasil y camisetas con los colores verde y amarillo, se dirigieron al centro de Brasilia a media tarde y pasaron sin inconvenientes por un pequeño cerco policial montado en la Explanada de los Ministerios. Ante la inacción de la Policía capitalina, quebraron los vidrios de los edificios de palacios, considerados patrimonio de la Humanidad, y los invadieron, causando destrozos en su interior.

El intento de golpe de Estado

Siete días después de la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, los extremistas irrumpieron en los palacios violentamente, destruyendo todo lo que se encontraron a su paso, mientras que el jefe de Estado se encontraba de viaje en la ciudad de Araraquara, en el estado de Sao Paulo. El mobiliario de los palacios fue destrozado y arrojado por las ventanas a la calle, aunque las autoridades todavía no han podido realizar un balance de los cuantiosos daños causados por la turba.

Los radicales no reconocen el resultado de las elecciones del pasado 30 de octubre, en las que Lula derrotó al ahora expresidente Jair Bolsonaro por un estrecho margen de menos de dos puntos porcentuales. Este domingo, encaramados en la rampa del Congreso Nacional, los extremistas corearon consignas pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas, pero los militares no acudieron al llamado y sus comandantes se mantuvieron en estricto silencio. Los ataques contra las instituciones recibieron una condena unánime por parte de todos los estamentos en Brasil y también, por parte de los Gobiernos de América Latina, de Estados Unidos y de Europa.

Así se coordinó

En más de dos meses de concentraciones, los radicales han protagonizado varios hechos violentos, entre ellos un ataque a una sede policial y un intento frustrado de colocación de un explosivo cerca del aeropuerto de Brasilia, hace dos semanas. Este domingo, miles de radicales viajaron en autobús desde otros puntos del país para sumarse a las concentraciones que alentaban un golpe de Estado.

Los agentes antidisturbios, utilizando gases lacrimógenos y bombas de estruendo, se hicieron con el control de las sedes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial unas cuatro horas y media después del inicio del ataque, ocurrido dos años y dos días después del violento asalto al Capitolio de Estado Unidos, por parte de ultraderechistas con los que el bolsonarismo está alineado.

En una declaración desde Araraquara, donde se encontraba de viaje, Lula afirmó que hubo "incompetencia" y "mala fe" por parte de los responsables de seguridad de Brasilia, que dependen de la administración del gobernador Ibaneis Rocha, aliado de Bolsonaro. Poco antes del anuncio de Lula, el secretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro, fue destituido de su cargo.