La sostenibilidad del sistema público de pensiones es una cuestión crucial para las sociedades europeas desarrolladas. Sin embargo, pocos Gobiernos están dispuestos a plantear con responsabilidad un tema que obliga a pensar en la viabilidad del gasto público, el déficit fiscal, la deuda y, en definitiva, el papel del Estado y el alcance de las políticas sociales.

El Gobierno de Sánchez, acostumbrado a convertir el gasto público en el bálsamo de todos los males sociales, no ha querido abordar ninguna de estas cuestiones en su plan de reforma de las pensiones. Los que sí lo han hecho han sido los técnicos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, quienes han introducido en el debate una cuestión tan central como la cuestión demográfica. Hablar de esto no es criticar el sistema público de pensiones. Es anticiparse a un colapso que, de no corregirse las disfunciones que genera el envejecimiento de la población sobre las finanzas públicas, podría ser irreversible. El principio de sostenibilidad financiera es un pilar del Estado del Bienestar y una condición del crecimiento económico. No es una cuestión ideológica, sino un principio de realidad que debería guiar la acción de todo Gobierno responsable.

Alberto Núñez Feijóo, como candidato de un partido que aspira a ser alternativa de Gobierno, ha insistido sobre este tema desde Bruselas, en un encuentro sobre competitividad, empleo y bienestar. El empleo y los salarios decentes son la clave, porque el bienestar no es una palabra abstracta sino el fruto del esfuerzo por reforzar el tejido productivo europeo y luchar por su competitividad.