Mientras las calles y plazas de las principales ciudades catalanas volvían a arder por segunda noche consecutiva, Pedro Sánchez comparecía en La Moncloa para exigir al presidente de la Generalitat la condena de la violencia que se apodera del independentismo. La respuesta de Quim Torra llegó pocas horas después, con un tímido llamamiento a la calma a quienes se manifiestan contra la sentencia del Supremo, que el propio Torra ha sido el primero en rechazar por “injusta y aberrante”. Pero de su declaración, lo que destaca es la atribución de la violencia a “grupos infiltrados y provocadores” que querrían ensuciar la imagen pacífica de las protestas.

Sin pretenderlo, el propio Torra ha reconocido lo que realmente está sucediendo en Cataluña desde hace años: la “infiltración” en las instituciones del Estado de grupos dispuestos a  subvertir el orden constitucional. El problema es que es la propia Generalitat presidida por Torra quien ampara y alienta a esos “infiltrados”.

Mientras tanto Pedro Sánchez entiende que la violencia de los últimos días es una trampa tendida al Gobierno para que cometa el “error” de suspender en sus funciones a la Generalitat, y prefiere no recurrir a nuevos instrumentos legales para asegurar el orden público. Tanto Casado como Rivera mantienen su apoyo al Gobierno en esta difícil situación, pero le advierten del riesgo de verse superado por los acontecimientos y le apremian a actuar con una firmeza que empieza a echarse en falta.