La defensa de David Serrano, el dueño de la finca donde murió el pequeño Julen, asegura que presentarán concurso de acreedores voluntario tras conocer la fianza de casi 900.000 euros que le exige la jueza que instruye el caso para asegurar las responsabilidades económicas que se puedan derivar de este proceso.

Aseguran que es una cantidad inasumible por su cliente, que además actualmente está sin trabajo. Antonio Flores es el abogado defensor del dueño de la finca, “inasumible es la palabra. Ese dinero no existe. Sea un día o varios. Es cierto que para protegerle a él y para hacer las cosas bien y ordenadas, nos vemos obligados enviar un escrito al juzgado ya que es un concurso de acreedores de persona física y a partir de ahí presentará todos los bienes y será la justicia la que decida. Él ahora no trabaja. Esas cantidades son totalmente disparadas, y más teniendo en cuenta que ese importe es imposible para pagar”, señaló en COPE Málaga.

A esos casi 900.000 euros aún hay que sumarles otras cantidades como la indemnización a los padres de Julen. Según el abogado la cifra reclamada podría alcanzar los dos millones. El abogado ha vuelto a defender la inocencia del dueño de la parcela.

EL AUTO

La Fiscalía, la acusación particular, en representación de los padres del niño, y la Junta de Andalucía solicitaron la apertura de juicio oral contra Serrano por un delito de homicidio por imprudencia grave. Inicialmente, el ministerio público solicita tres años de prisión, mientras que la representación de los progenitores piden tres años y medio de cárcel.

Tras haberse presentado los escritos de acusación, la jueza considera que debe acordarse la apertura de juicio oral al concurrir "indicios racionales en relación a la perpetración de un delito de homicidio por imprudencia grave".

La jueza ya consideró que Serrano "era conocedor de que el pozo se encontraba al descubierto sin estar protegido con las suficientes medidas de seguridad" y que el dueño de la finca "no adoptó ninguna medida de seguridad para evitar accidente alguno, principalmente en el pozo realizado" y no ha quedado acreditado que alertara de la existencia del mismo "cuya visualización, además, era difícil".

La Fiscalía, en su escrito de acusación provisional, incidía en este mismo sentido de que el procesado "no había señalizado ni advertido" de la presencia de la prospección e insistía en que "era el único conocedor" de la existencia del pozo por el que cayó el pequeño, añadiendo que "los demás desconocían" la presencia del mismo ya que "apenas se veía".

La acusación particular también achacó al acusado una "negligencia" que es "extremadamente grave" y una conducta omisiva, al prescindir de la observancia de cualquier medida de seguridad, debiendo tenerse en cuenta tanto "la gravedad de la acción del acusado" como el resultado; así como su conducta, en la que entiende que existen "multitud de infracciones normativas".