El Gobierno español considera modificar la forma en que se calcula la pensión de viudedad, tomando como referencia el historial de cotización del fallecido para determinar la cantidad que recibirá el beneficiario.

30.000 millones de euros en prestaciones de viudedad

La pensión de viudedad se diseñó para apoyar a mujeres sin ingresos propios. Sin embargo, actualmente encontramos tanto hombres como mujeres que necesitan esta ayuda para poder salir hacia delante. “Perdí a mi mujer hace cinco años, llevábamos 24 años juntos, pero nunca llegamos a casarnos. Pedí la viudedad y me la denegaron. No tenía dinero para seguir con el caso y ahora mismo está parado”, explica Javier Pérez, viudo y padre de dos hijas. Afortunadamente para la familia, sus dos hijas cobran una pensión de orfandad de 180 euros.

A día de hoy, la prestación se calcula aplicando un porcentaje del 52% a la base reguladora del fallecido. Esta propuesta insta al Gobierno a actualizar la regulación de la prestación para adaptarla a las circunstancias sociales y económicas actuales.

En España, la Seguridad Social enfrenta un gasto anual de alrededor de 30.000 millones de euros en prestaciones de viudedad, lo que representa casi el 20% de la nómina de pensiones anual. Este costo ha aumentado significativamente en la última década, en parte debido a los criterios de acceso más flexibles y a la duración vitalicia de la prestación, que contrasta con las políticas más restrictivas de otros países europeos.

Las pensiones fuera de España

En países vecinos como por ejemplo Alemania, Bélgica, Francia y Suecia, las prestaciones de viudedad suelen ser temporales y están sujetas a límites de edad y condiciones específicas, mientras que en España son vitalicias y no tienen límites de edad. Esta diferencia en las políticas de viudedad contribuye al mayor gasto en España en comparación con otros países europeos.

La amplitud de la protección de la pensión de viudedad en España contrasta con la mayoría de los países de la Unión Europea, donde las prestaciones son más restringidas en términos de acceso y duración. Esto plantea la necesidad de revisar y ajustar el sistema español para garantizar su sostenibilidad a largo plazo y su alineación con las prácticas europeas.