El Comité de Empresa de la aluminera mariñana ha decido continuar con las concentraciones de los viernes en O Castelo para visibilizar la delicada situación que atraviesa la producción de aluminio en España. Además de esas movilizaciones en los viernes de septiembre, van a elaborar un calendario con protestas futuras.

SATISFACCIÓN A MEDIAS TRAS LA MINISTRA CON REYES MAROTO

La reunión celebrada en la tarde de este lunes con la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha dejado al comité moderadamente satisfecho con los compromisos adquiridos sobre las compensaciones por reducción de CO2, pero aún quedan muchas cosas pendientes. Entre ellas el Estatuto Energético que el gobierno insiste en que no puede aprobar en funciones.

La ministra les confirmó su intención de visitar la factoría mariñana, no antes de octubre, y el mantenimiento de la subasta de interrumpibilidad para el año 2020. De hecho el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, viajará la próxima semana a Bruselas para presentar las condiciones de la puja para su aprobación.

Y queda por delante una nueva reunión entre el comité de San Ciprián y el presidente de Alcoa España, prevista para el martes 24 de septiembre. 

EL PP EXIGE QUE MAROTO CUMPLA SU PROMESA

El senador popular José Manuel Barreiro pedirá en la Cámara Alta que la ministra cumpla los compromisos adquiridos con el comité en la reunión del lunes, garantizando así la producción industrial y los empleos, aunque se muestra excéptico ante los anuncios de Maroto pues "no hay excusas" para no aprobar el Estauto Electrointensivo vía Real Decreto.

A nivel provincial, el PP lleva una moción al próximo pleno de la Diputación instando al Gobierno Central a garantizar los puestos de trabajo, un marco energético estable y la reactivación de la mesa de negociación incluyendo al comité. También pide ampliar de 90 a 200 millones de euros la compensación por los gastos derivados de la reducción de emisiones de CO2. El viceportavoz popular Javier Castiñeira subraya que "las decisiones clave son las decisioens del gobierno del Estado, que son las que deciden el futuro de la fábrica de Alcoa".