El Gobierno de Sánchez ha utilizado un viejo y acuerdo con Marruecos de 1992 para expulsar a inmigrantes en Melilla. Son expulsiones exprés. El Gobierno de Sánchez ha dado bandazos en su política migratoria en un momento delicadísimo.

Paso de acoger a los recogidos por el Aquarius a defender ahora las expulsiones en caliente, consideradas sin garantías por Bruselas. España no está sufriendo una avalancha de inmigrantes, pero las llegadas a través del estrecho han aumentado considerablemente. Afortunadamente en España no hay ni la xenofobia ni el miedo como en otros países de Europa.

La preocupación de los españoles por la crisis migratoria, según las encuestas más acreditadas ha pasado del 3 por ciento al 11 por ciento. Pero Sánchez no puede dormirse en los laureles. El Gobierno tiene desbordados los Centros de Internamiento de Migrantes (CIES), no sabe qué hacer con los menores no acompañados (no pueden ser devueltos) que se han convertido en “niños de la calle” en ciudades como Madrid y Barcelona.

Tampoco pone sobre la mesa soluciones para afrontar la tragedia del Mediterráneo (cinco años después de la tragedia de Lampedusa, Vicent Cochelet de ACNUR ha denunciado que “la gente se muere ante la creciente indiferencia”) ni reclama con contundencia en Bruselas una política de apoyo a los países del sur (se suceden los Consejos Europeos sin que la cuestión se aborde con seriedad).

Una gestión nefasta del problema migratorio por parte del Gobierno socialista sería el campo abonado para que la preocupación se disparase y para que la “inquietud por una invasión” fuera utilizada políticamente. Ya hay algunos intentándolo.