El Ministerio de Sanidad quiere ahora unificar los criterios para imponer restricciones y limitaciones a los ciudadanos. El Gobierno no vio llegar la primera ola del coronavirus y la segunda, a pesar de los reiterados avisos, se ha vuelto a descontrolar. Ese es el contexto en el que plantean un plan.

Hasta ahora, Sánchez y su ministro Illa sólo han impuesto restricciones en Madrid con la aplicación del estado de alarma justo hace una semana. El resto de comunidades han ido actuando a impulsos en aquellas ciudades en las que la incidencia está descontrolada. Pero se ha comprobado que las medidas ni son uniformes, ni tampoco son las mismas a pesar de que las circunstancias sean similares.

En el documento que ha filtrado hoy Sanidad a las comunidades autónomas, se plantean cuatro niveles de riesgo para endurecer las restricciones. Si analizamos los datos, la incidencia del coronavirus en estos momentos, Navarra, Aragón, Castilla y León, Madrid y La Rioja estarían en riesgo extremo. En el siguiente escalón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y País Vasco. Por tanto, junto a la ciudad autónoma de Melilla, tendríamos 9 comunidades en las que, siguiendo el plan unificado que ahora propone el Gobierno, con la pandemia descontrolada, deberían asumir restricciones incluso más duras. Afectarían, entre otros aspectos, al transporte público y a la restauración. En el escenario de riesgo extremo, el transporte público solo funcionaría al 30% de su capacidad y la actividad de la hostelería quedaría reducida a las terrazas y al servicio de comida para llevar.

Es una propuesta, que llega cuatro meses después del final del estado de alarma en toda España y cuando vemos cómo las diferentes comunidades han tomado decisiones con muy diferentes criterios. Es el caso de Cataluña donde, desde hoy, los bares y restaurantes están cerrados. Los hosteleros han llevado sus protestas al centro de Barcelona.

Por lo demás, ya sabes que el Gobierno está aprovechando la situación excepcional de la pandemia para avanzar en otros asuntos que no tienen nada que ver ni con la crisis sanitaria, ni tampoco con la económica. Ahí está la maniobra para renovar el Consejo General del Poder Judicial y que tanta preocupación ha generado en las instituciones comunitarias. Y ahí está también la nueva ley de educación, la ley Celaá, donde PSOE y Podemos impondrán su particular rodillo. Qué es lo último. Que en la tramitación no habrá comparecencias parlamentarias. Esto es insólito. Lo ha denunciado en Herrera en COPE, Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza: "El partido socialista cuando en el año 2013 se aprobó la LOMCE hizo unas grandes declaraciones acerca de que era una ley sin consenso y que una ley de educación no podía ir adelante sin un consenso amplio y por eso ahora nos decepciona que estén queriendo sacar una ley orgánica de educación sin consensos ni comparecencias".

No sólo eso, ya sabes que el Congreso ha dado vía libre a que se pueda conseguir los títulos de Secundaria o Bachillerato, con varios suspensos. En lugar de aspirar a la excelencia educativa, la nueva ley prefiere hacer la vista gorda ante la mediocridad. Las consecuencias serán inmediatas, la de un sistema educativo, pilar de toda sociedad democrática, cada vez más devaluado.