El Gobierno ha enviado el lunes a la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón la comunicación de la ONU sobre las llamadas "leyes de concordia" impulsadas por PP y Vox en estas comunidades, y ha iniciado este martes el proceso para invitar a Aragón a revisarla y evitar ir al Tribunal Constitucional.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado sobre estos asuntos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha confiado en que el Gobierno de Aragón acepte ir a la reunión bilateral y vuelva "al sentido común, a la defensa de los derechos humanos y a la visibilización de víctimas de la dictadura".

"Si no fuera posible porque se negara el Gobierno de Aragón, seguiríamos los pasos con el Tribunal Constitucional y cualquier otra institución que preserve los derechos humanos", ha añadido.

Torres ha asegurado que están actuando siguiendo el "trámite ordinario", al convocar a Aragón a una comisión bilateral en aplicación del artículo 33.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, y ha señalado que ahora hay un plazo de seis o siete días para que esta comunidad autónoma responda.

Si finalmente declina, como han avanzado en sus declaraciones públicas los responsables del Gobierno de Aragón, hay un plazo que finaliza en torno al 27 de mayo para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional.

"Apelo a que el PP, por mucho que Vox se lo exija, haga lo lógico: sentarse en una mesa para que se responda a lo que han dicho las Naciones Unidas", ha declarado.

En concreto, Aragón ha aprobado ya la derogación de la ley de memoria democrática de esa comunidad autónoma y prepara una norma que la sustituya, mientras que la Comunidad Valenciana y Castilla y León han impulsado proposiciones de ley denominadas de "concordia", todavía pendientes de aprobación.

Torres ha comentado que este lunes el Gobierno ha enviado a los presidentes autonómicos de estas comunidades, así como a los presidentes de sus parlamentos regionales, una comunicación con el informe de los relatores de la ONU, que avisan de que estas leyes pueden obstaculizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad y dar pie a teorías negacionistas.

Y ha criticado que los presidentes del PP de estas comunidades autónomas, donde cogobiernan con Vox, "desacrediten" a estos relatores de la ONU con sus críticas.