El exdiputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha lanzado un severo aviso a Pedro Sánchez y a los ministros Grande-Marlaska y Margarita Robles por lo sucedido en la Embajada de México en Bolivia, donde, según el Gobierno interino de Bolivia se produjo un incidente entre policías bolivianos y españoles.

Al respecto, Girauta lanzaba el siguiente mensaje a través de su cuenta de Twitter.

 

No es admisible que policías españoles circulen encapuchados por las calles de una capital extranjera.

Hay que aclarar este turbio asunto. Sánchez, Robles y Marlaska nos deben una explicación.

España no puede ser gobernada por una coalición de traidores, mafiosos y golpistas.

— Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) December 28, 2019

"No es admisible que policías españoles circulen encapuchados por las calles de una capital extranjera. Hay que aclarar este turbio asunto. Sánchez, Robles y Marlaska nos deben una explicación. España no puede ser gobernada por una coalición de traidores, mafiosos y golpistas", aseguraba Girauta en su tuit.

El Ministerio de Asuntos Exteriores abrirá una investigación ante la acusación formulada este viernes por Bolivia contra la Embajada de España por cometer "atropellos" a su soberanía, por un incidente con la Policía Boliviana que custodia una sede diplomática de México en esta ciudad.

Según ha informado el Ministerio la madrugada de este sábado en un comunicado, Exteriores ha acordado abrir una investigación en relación a estos hechos que se han producido durante la visita de la Encargada de Negocios "ad interim" de España a la Embajadora de México en Bolivia.

La reacción de España se produce en relación a la nota de protesta que anunció la canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, ante el Ministerio de Asuntos Exteriores por el incidente provocado al parecer por funcionarios de la embajada española que acudieron acompañados de "encapuchados" y "presumiblemente armados" a la residencia de la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado.

La residencia se cree que alberga a alrededor de una decena de personas a las que el Gobierno interino de Bolivia acusó ante la Justicia de distintos delitos, entre ellas varios exministros de la etapa de Evo Morales procesados por acusaciones como terrorismo.

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